El portavoz de la patronal explicó que la disponibilidad de plazas en la red de Aerte no se corresponde con un crecimiento superior a la demanda en el sector, sino que tiene su origen en la lenta implantación de la Ley de la Dependencia en toda Espańa, que ha ralentizado los ingresos en los centros, a la espera de la resolución de su derecho.

Esto ha provocado, dijo, que en estos momentos haya cerca de 2.500 plazas sin ocupar en la Comunitat y otros tantos posibles usuarios -grandes dependientes y severos- "sin una asistencia profesional garantizada", lamentó.

Respecto a la distribución geográfica de las plazas disponibles, el presidente de Aerte apuntó que el 53% se encuentra en municipios costeros, especialmente en las provincias de Valencia y Alicante, siendo Castellón la región más equilibrada en la oferta de plazas disponibles de interior y costa, con un total de 355 sin ocupar en esa provincia.

Alicante reúne el 27% de las plazas vacías en nuestra autonomía, alrededor de 442 en las poblaciones costeras y unas 200 en el interior; mientras que en la provincia de Valencia hay 1.400 plazas disponibles, un 40% del total en municipios costeros.

Desde Aerte recalcaron que, en su tercer ańo de aplicación, y con datos de 1 de mayo, 649.056 personas tienen ya derecho a recibir los beneficios de la Ley de Dependencia en Espańa, según datos del Sistema Informático del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de los que alrededor del 9% son de la Comunitat Valenciana.

El "problema" es, según Aerte, que aunque los dos grados que ampara la ley en la actualidad son grandes dependientes y dependientes severos, según el calendario de aplicación previsto, y que éstos deben ser atendidos preferentemente en recursos profesionales, "la realidad es que las estadísticas nos demuestran que no se está siendo fiel a la Ley vigente", seńaló Giménez. Como consecuencia de esto, hay cerca de 2.500 plazas en residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio disponibles que no se están ocupando, apostilló.

De ahí que, en palabras del presidente de la patronal autonómica, sea i"mportante la configuración de una red pública integradora que racionalice la atención sociosanitaria y que garantice el principio de libertad de elección de centros del dependiente, así como la adecuada cobertura geográfica de los recursos profesionales, sean estos residenciales o complementarios".

Giménez insistió en que "debería corregirse la tendencia a conceder prestaciones al cuidador informal y dar un impulso a la profesionalización de un sector generador de empleo estable y no deslocalizable".

Del mismo modo, defendió que los usuarios "tengan la libertad para elegir los centros residenciales, ya que la libre elección fomenta la competencia entre las entidades prstadoras de servicios de atención residencial y, consecuentemente, mejora la calidad ofrecida a los ussuarios de este servicio".

Además, Alberto Giménez incidió en la agrupación de las políticas sociales y sanitarias en un mismo ente de coordinación, tal y como ha defendido Aerte hasta la fecha, "cuestión que parece que la Administración autonómica y nacional ha asumido", concluyó.