La entidad seńaló que la actual aplicación de medidas en medio abierto ha de cambiar de manera "urgente", ya que la atención a los menores y jóvenes con mayor dificultad social es "insuficiente" debido a dos causas fundamentales.

En primer lugar, seńalaron que los equipos dependen de una orden de ayudas de carácter anual que "impide una continuidad y estabilidad de sus plantillas". Ańadieron que "el anunciado recorte para la financiación de programas que ha hecho la Generalitat en este mes de junio para el actual ejercicio supone una drástica reducción de profesionales que va a impedir un trabajo digno y de calidad con los menores que más necesitan de un apoyo educativo y psicológico adecuado", indicó.

La segunda, se refiere a "la inexistencia de una orden de plantillas por número de menores y medidas asignados a cada educador, que en la práctica significa que "un educador puede realizar su tarea con 20, 30 ó 60 chicos y chicas, o más si así lo determina la Conselleria de Justicia al no estar reguladas las plantillas". "Hasta el ańo 2003, se venían fijando en las órdenes de ayudas una ratio de 15 menores por educador", explicó.

Por este motivo, el colectivo de profesionales exigió "unos criterios racionales y consensuados con la Administración valenciana para determinar un número mínimo y máximo de menores por educador, psicólogo o trabajador social, que permita un trabajo educativo/rehabilitador y que las medidas no sólo sean un mero trámite administrativo".

En su opinión, "está comprobado que las medidas judiciales en medio abierto generan una respuesta muy positiva en los menores, en sus familias y en la sociedad si se realizan con rigor, tiempo, apoyo social y de manera sistemática". Las memorias anuales de los diversos equipos que las ejecutan, agregó, "demuestran que la reincidencia de menores es menor del 20 por ciento en delitos o infracciones cuando se ha podido realizar un trabajo adecuado".

Desde el colectivo explicaron que las medidas en favor de los menores se ejecutan por equipos municipales o provinciales adscritos a algunos ayuntamientos o a entidades sin ánimo de lucro que dependen de la propia Conselleria de Justicia y "que, en muchos casos, tienen que adelantar el dinero y endeudarse para poder asumir los gastos hasta que reciben la subvención", ayudas que "no contemplan los costes económicos mínimos regulados por el convenio colectivo del sector, con lo que las entidades ponen dinero de su bolsillo para poder cubrir dichos gastos y otros derivados de la gestión y mantenimiento", criticó.

Por ello, la entidad reclamó a la Conselleria "una revisión al alza de los medios económicos actuales, una regulación de las plantillas y sus correspondientes ratios y una nueva fórmula de financiación para los equipos y ayuntamientos que ejecutan estas medidas con el objetivo de estabilizar dichos programas, en sintonía con las manifestaciones realizadas por los jueces y fiscales en las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores celebradas en la Ciudad de la Justicia de Valencia en Junio de 2009".

Además, esta entidad abogó por "aumentar el número de profesionales que atienden a estos menores" y "no rebajar las plantillas como se está observando en las nuevas resoluciones", así como "dotarlos de medios materiales adecuados para su tarea diaria".