La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas desarrolla un plan de modernización en los archivos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para lograr una gestión "ordenada" de los expedientes y garantizar una infraestructura "mínima" de medios y personal, según consta en una respuesta a la diputada socialista Josefa Andrés, publicada en el Botelín Oficial de Les Corts Valencianas (BOCV).

Este plan surgió después de que tuvieran constancia de que los archivos presentaban una situación "inadecuada" para la gestión ordenada de los escritos, por lo que los técnicos de la conselleria se pusieron a disposición del secretario de gobierno del TSJ para intentar paliar esta situación.

Paralelamente, aunque los archivos están regulados en el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio de 2003, y asigna la competencia de su gestión diaria a los secretarios judiciales, la conselleria empezó a desarrollar un plan de modernización, dentro del que se encontraba el llamado Plan de choque, que pretendía concienciar a los titulares de los archivos de la "necesidad" de acometer el registro y el inventario de toda la documentación judicial.

En aplicación de este plan, los días 4 y 5 de febrero de 2009 se procedió al traslado, para su estudio, al Archivo Judicial Provincial de Valencia, y, de esta manera, liberar espacio y peso en los archivos, ubicados en los altillos del Palacio de Justicia, de la documentación judicial comprendida entre los ańos 1994-2000, que dimana de la sala de lo contencioso-administrativo, secciones primera, segunda y tercera.

También se retiró todo el mobiliario y los utensilios inservibles repartidos por las dependencias del Palacio de Justicia y, así, poder identificar las piezas de convicción depositadas y que compartían el espacio con la documentación judicial.

Finalmente, en el escrito se explica que serán los secretarios judiciales los que estudiarán e identificarán la documentación judicial más antigua de las secciones, con la elaboración de las relaciones documentales correspondientes, para remitirla a la Junta de Expurgo, que determinará su eliminación o conservación.