Además, añadió, las infraestructuras ejecutas o en ejecución, por valor de 80,2 millones de euros, ante la confianza generada con la aprobación del trasvase del Ebro incluido en el PHN, "podrían llegar a ser en buena parte inservibles".
De este modo, "el esfuerzo inversor realizado, especialmente por los agricultores, en la ejecución de las infraestructuras necesarias para recibir las aguas excedentarias procedentes del Bajo Ebro se ha visto dañado como consecuencia de la falta de garantía del suministro hídrico provocado por el decreto".
Según fuentes del Gobierno valenciano, entre las obras ya ejecutadas está el embalse de regulación de San Pascual en las localidades de Monforte y Novelda, con un coste de 2,7 millones de euros o la primera fase de la conducción de la margen derecha del Vinalopó, por valor de 5,8 millones de euros, entre otras.
Del mismo modo, se ha ejecutado el 83 por ciento de la modernización de los regadíos de la Comunidad General de Usurarios Alto Vinalopó, con un coste total de 56,3 millones de euros, y el 65 por ciento del proyecto de racionalización del riego de la comunidad de regantes Virgen de la Paz y El Canalillo.
Según la Conselleria, "todas estas infraestructuras se han acometido sobre la base de la confianza legítima que merecía la previsión de la transferencia de recursos contemplada en la ley aprobatoria del PHN".
Por lo tanto, "se ha provocado un daño efectivo y cuantificable económicamente que de seguir adelante exigiría la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones sufridas en los bienes y derechos tanto de la Generalitat Valenciana como de los particulares afectados". E