El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reiteró que el Gobierno asumirá el 50 por ciento del gasto público que deba afrontar cada comunidad autónoma para la puesta en marcha de la ley de la Dependencia, ante las dudas expresadas al respecto por la titular de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Alicia de Miguel, quien estimó que la financiación aportada por el Ejecutivo estatal --que cifró en "sólo un 23 por ciento" sobre el coste global--, "tiene que ser revisada" por considerarla "totalmente insuficiente" y "no garantizada", dado que ésta, dijo, proviene únicamente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Caldera inauguró en Valencia el I Congreso Internacional sobre Dependencia y Calidad de Vida de las personas mayores, organizado por la fundación Edad y Vida, junto con la consellera y presidenta del comité organizador del mismo, en un acto al que también asistieron el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, el presidente de Edad y Vida, Higinio Raventós, y su director general, Albert Vergés, entre otros.

Sobre la aportación económica del Gobierno al citado proceso de aplicación de la norma aseguró que, según la memoria económica que acompańa a la ley, "entre 2007 y 2015, la financiación pública, que se suma al copago o participación del usuario, ascenderá a 26.000 millones de euros, de los que la mitad correrá a cargo del Estado y la otra mitad será aportada por las comunidades autónomas".

Al respecto, el titular de Asuntos Sociales indicó que el método elegido para la financiación de dicha norma, que aseguró requiere un "esfuerzo financiero titánico", es un "sistema garantista" mediante el cual cada ańo el Gobierno "en los PGE, pero con caracter plurianual, garantizará la mitad del gasto público que se desarrolle en cada comunidad autónoma", incidió.

Por su parte, De Miguel destacó el alto grado de preparación de la Comunitat para la puesta en marcha de la ley de la Dependencia y pidió que el Gobierno central "se sume y apoye el esfuerzo presupuestario del Consell en la atención a la dependencia, y dé todos los pasos que aún tiene que dar para la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia".

En este punto, consideró que en el caso de la Comunitat Valenciana el coste global de implantación de la citada ley ascenderá a 5.200 millones de euros hasta 2015, de los que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero "sólo aportará 1.000 millones de euros", mientras que el resto, dijo, deberá sufragarse a través del Gobierno autonómico y el sistema de copago.

Asimismo, De Miguel ratificó el "ofrecimiento" expresado "siempre" al ministro de "tender la mano" al Gobierno central para la aplicación de la ley, "porque creemos --dijo-- que la dependencia es uno de los desafíos más importantes de cuantos tiene planteados nuestra sociedad en este nuevo siglo".

Voluntad

Por otro lado, Caldera dijo tener una "voluntad nítida y clara" de "expandir" la ley "a todas y cada una" de las personas en situación de dependencia y por ello, anunció la inclusión de "nuevos criterios de evaluación en los baremos", como un nuevo ítem denominado ´tareas domésticas´, con una valoración de ocho puntos, y que "satisface buena parte de las necesidades de los enfermos mentales y personas con discapacidad psíquica"; el incremento de la valoración del criterio dedicado a las personas con discapacidad psíquica en el ámbito de toma de decisiones, de 10 a 15 puntos; y también el aumento "en el relacionado con los cuidados de salud", que pasa de 2,9 a 11 puntos.

En la misma línea, seńaló que "a finales de ańo" revisarán el citado baremo para estudiar "si se deben producir ajustes", y precisó que, dado que la aplicación del mismo compete a las comunidades autónomas, éste es "concordado" y se configura y aprueba con representantes de éstas. Posteriormente, explicó, dicho baremo "se aplicará por cada comunidad" y del resultado de ese proceso "derivará una necesidad de financiación que el estado asumirá al 50 por ciento", reiteró.

Remarcó además que el mencionado esfuerzo "titánico" supone de hecho una "inversión", que obtendrá "recompensas tanto en prestaciones sociales como de ámbito económico", por la mejora de la actividad y del empleo, destacó. Así, auguró que en 2010, el Producto Interior Bruto (PIB) será un 2 por ciento superior al actual gracias a la puesta en marcha de la ley, al tiempo que se habrán creado 350.000 puestos de trabajo directos.

Mayor esfuerzo

Por otra parte, Caldera puntualizó que en aquellas comunidades en que exista un "nivel de cobertura menor", la Administración General del Estado deberá realizar un "mayor esfuerzo económico o financiero", ya que la ley busca equiparar los derechos de los ciudadanos con independencia del territorio en el que vivan, explicó.

Así, resaltó que la Comunitat "está por debajo de la media nacional", por lo que en dicho territorio el Gobierno tendrá que "hacer un esfuerzo especial", dado que "al gastar menos" la Comunitat en atención a la dependencia "tendrá que hacer un esfuerzo superior durante los próximos ańos, que será compartido exactamente al 50 por ciento por parte de la Administración General del Estado", aseveró.

Finalmente, Caldera valoró que no exista "una gran diferencia" entre los cálculos sobre financiación realizados por la Consellería de Bienestar Social y los estimados por su departamento, que sobre esa base de unos 5.000 millones cifran la aportación privada del usuario alrededor del 30 por ciento --1.500 millones--, mientras que otros 3.000 millones correrán a cargo de las administraciones públicas --1.500 a cada una de ellas, matizó--, y el resto corresponderán a iniciativas privadas. Agregó que "en función de la evolución del sistema, se irán actualizando las cantidades".