La Generalitat pasa a la acción. Horas después de llegar la tormenta Gürtel desde Madrid, con el auto de inhibición del juez Pedreira, la Administración autonómica colgó en su web institucional un informe de la Abogacía de la Generalitat que intenta desmontar lo sostenido por la Unidad de Auxilio Judicial (UAJ) en un informe en el que se ha basado Pedreira para apuntar indicios de delito cometidos presuntamente por Francisco Camps y otros cargos del Consell.

La réplica defiende uno por uno la legalidad en los procesos de adjudicación a las empresas de la trama Gürtel. Desde los expedientes de Fitur, pasando por el Open de Tenis y hasta los contratos menores.

El principal argumento de la Abogacía de la Generalitat es sostener que las causas para el supuesto fraccionamiento de contratos, que denuncia la Unidad de Auxilio Judicial, están "acorde con el ordenamiento jurídico".

A su vez, critica directamente un párrafo del informe en el que se desliza que el presidente de la Generalitat y su Gabinete estaban al tanto de todo lo que se organiaba y adjudicaba en Fitur. En el documento publicado este miércoles por la Administración autonómica se pregunta "qué pretende la UAJ en su informe" y advierte que el jefe del Consell y su Gabinete "son totalmente ajenos a las decisiones de órganos de contratación en dichas prestaciones".

Pero, lejos del análisis particular de cada contrato, sin duda la parte más jugosa del documento de 40 páginas del Consell está las hojas finales. Diariocríticocv.com resume algunas de las ´chinas´ lanzadas por el director general de la Abogacía de la Generalitat, Emilio Torrejón, hacia la Unidad de Auxilio Judicial:

- "El informe de la  UAJ parte constantemente de unas premisas erróneas"

- "Es palmaria la ausencia de rigor en sus apreciaciones, ya que muchas de ellas, se basan en meras presunciones manifestadas por el autor del informe que no se sustentan documentalmente, como la obsesión con el fraccionamiento de contratos, o la duplicidad de los pagos que nunca ha quedado acreditada".

- "Destaca la presentación de una especie de ´verdades absolutas´ que no se corresponden más que con elucubraciones del redactor del informe"

- "El informe carece de forma constante de una remisión a preceptos legales concretos que se consideren vulnerados, o que prohíban de forma clara las actuaciones llevadas a cabo"

- "Hay un alto grado de subjetividad y ausencia de rigor en todo el informe, lo cual resulta intolerable desde la seriedad con la que se supone debería abordarse una tarea tan delicada"