Así lo avanzó el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, en base a un informe del impacto económico de la instalación de centros penitenciarios, realizado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP).

Peralta, quien resaltó que este centro es "absolutamente necesario" desde el punto de vista de las necesidades penitenciarias de la Comunitat, indicó, en base a este estudio, que, en su fase de construcción, un establecimiento penitenciario de unas 1.008 celdas puede llegar a suponer un efecto de creación de uno 900 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.

Además, la tendencia habitual es contratar personal de la zona geográfica de implantación de la obra, por lo que supone una "inmediata" creación de puestos de trabajo. A este hecho, según dijo, se ańaden las empresas subcontratadas, que normalmente son locales o autonómicas.

Al mismo tiempo, este personal que trabaja en la obra invierte parte de sus ingresos en la zona, y su gasto incide sobre todo en los sectores inmobiliarios, suministros y servicios -hostelería, alimentación y transporte-, según figura en el mismo estudio facilitado por Peralta.

Por su parte, en la fase de funcionamiento, este tipo de centro puede llegar también a crear casi 900 empleos directos, indirectos e inducidos, la mayor parte entre funcionarios, personal laboral y efectos de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, se calcula que este personal puede generar unos 30 millones de ingresos anuales que repercuten en la localidad, comarca y provincia donde se ubica el centro.

También se estima que el 90 por ciento del personal fija su residencia en la localidad. Por su parte, el centro genera, además, ingresos adicionales procedentes de la población flotante existente alrededor del establecimiento: visitas, asistencia jurídica y social, funcionarios y personal laboral.

Peralta destacó que este proyecto, en la actualidad, cuenta con el apoyo "casi unánime" del Ayuntamiento de Siete Aguas, puesto que todos los concejales menos uno lo apoyaron. Ante ello, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias compró el terreno, ha encargado el proyecto y ha informado "adecuadamente" de las fases tanto al consistorio como a las fuerzas políticas y ciudadanos.

El delegado, quien recordó que se están haciendo los trámites oportunos para su aprobación definitiva, indicó que el proyecto ronda una inversión de 120 millones de euros, y "será un importante refuerzo en materia de seguridad y de bienestar para la población de Siete Aguas y esa comarca del interior de Valencia".

Aún así, indicó que es "lógico" que surgieran reticencias iniciales, que "después han sido sustituidas por un apoyo claramente mayoritario", reiteró. Preguntado por la necesidad de otra cárcel en la autonomía, al margen de la de Siete Aguas, indicó que "depende de cómo evolucione la situación". "Hay que esperar a que se concrete la realidad", dijo.