De Rosa se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse, junto a su compańera y también vocal territorial, Gabriela Bravo, con la Junta de Jueces de Valencia, al ser preguntado por su opinión a cerca del cierre, el pasado lunes, del juzgado de lo Penal número 7 ante la ausencia de funcionarios.

Al respecto, subrayó que es un tema "absolutamente puntual" en la "realidad" de la Ciudad de la Justicia de Valencia y de los juzgados de la Comunitat, y destacó que su obligación, como miembro del CGPJ, es velar para que esto no vuelva a ocurrir porque "se perjudica al ciudadano y a la imagen de la Justicia".

Recordó, en este sentido, que el Consejo estará "siempre" al lado de la Administración autonómica y del Ministerio, "ante propuestas positivas y que favorezcan el funcionamiento de la Justicia". Así, destacó que será "el aliado más leal de la conselleria y del ministerio para solucionar los problemas de la Justicia".

No obstante, y a pesar de esta "lealtad" y "ánimo de colaborar", reiteró que su obligación es poner de manifiesto aquello considere inadecuado, o no acertado, con el objetivo de que "funcione perfectamente la Administración de Justicia".