En el documento, piden que el Plan de Acción Territorial de L´Horta (Valencia) se someta de forma "inmediata" a información pública y que se suspendan las licencias y acuerdos de aprobación de Programas de Actuación Integrada (PAI) y otras decisiones urbanísticas que "puedan comprometer sus determinaciones en los ámbitos afectados".

También solicitan a la Generalitat que prosiga con la tramitación del Plan de Acción Territorial del Litoral contestando a las alegaciones formuladas e incorporando al documento las que procedan para dar efectividad real al principio de participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de ordenación del territorio.

"La Generalitat y su presidente, Francisco Camps, no pueden abandonar sus competencias estatutarias y legales en materia de ordenación del territorio", manifiestan en el escrito entregado al Gobierno valenciano.

Los colectivos ciudadanos destacan que la Revisión del PGOU de Valencia "aunque se presenta como una actuación simplemente municipal", conlleva "ineludibles repercusiones de alcance metropolitano" puesto que afecta a "un tejido urbano tan denso, complejo e interrelacionado como es el de la comarca de L´Horta".

Por este motivo, seńalan que "sorprende la precipitación del Gobierno municipal al abordar una revisión generalizada del PGOU, justamente -ańaden- cuando se han puesto las bases para abordar una planificación territorial de conjunto, cuyas directrices están dirigidas a vincular a todos los municipios afectados, y algunos de los instrumentos previstos se encuentran ya en fase avanzada de redacción o tramitación".

Asimismo, consideran que la revisión que propone el Ayuntamiento de Valencia "incorpora un modelo territorial desfasado y opuesto a la política territorial que e predica en toda la Unión Europea". Además, subrayan que la revisión del PGOU por la que apuesta la corporación municipal "podría estar en colisión con el resultado final del Plan de Acción Territorial del Litoral".

Al respecto, entienden que el Ayuntamiento de Valencia, "con su precipitación, está alejándose de manera abiertamente obstaculizadora de la implantación de los criterios y directrices contenidos en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y de las determinaciones supramunicipales y vinculantes".

Así, manifiestan en el documento entregado a la Generalitat que "admitir que el Ayuntamiento tramita una revisión unilateral del PGOU como pretende, supone conculcar elementales principios de cautela y muy especialmente de coherencia en las acciones de las diferentes administraciones públicas como competencias concurrentes sobre el territorio".

Además, "se estaría vulnerando, en principio de la ciudadanía y del interés general, principios elementales de lealtad institucional" que son "de obligado cumplimiento en las relaciones entre administraciones públicas", destacan.