El Grupo Valenciano en Drogodependencias exige al Consell que les pague los dos millones que le adeuda
El GVDA ve amenazada su viabilidad.
El presidente del Grupo Valenciano en Drogodependencias (GVDA), Ramón Cuesta Calvo, ha exigido este viernes que el Gobierno valenciano les pague "de forma inmediata" los cerca de 2 millones que les adeuda ya que la veintena de entidades que aglutinan "ven amenazada su viabilidad al verse inmersa en una situación de asfixia económica debido al impago de las subvenciones y conciertos por parte de la Consellería de Sanitat y la negativa de las entidades financieras a facilitar el crédito para conciertos o subvenciones de la Generalitat Valenciana".
Cuesta ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que hace 15 días Sanidad les pagó el 60 por ciento de las subvenciones que les debe enabril, más lo que les adeuda de los conciertos, lo que suma una cantidad cercana a los 2 millones de euros.
El GVDA aglutina actualmente a 20 entidades del Tercer Sector pioneras desde hace 25 años en el ámbito de las drogodependencias y que gestionan la mayoría de los Centros y Servicios integrados en
la Red Autonómica de Atención a las Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos que depende de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanidad.
Las entidades en sus Centros y Servicios (18 Centros de Día, siete Comunidades Terapéuticas, 15 Viviendas Tuteladas, cinco Unidades de Valoración y Apoyo a la Drogodependencias, una Unidad de Conductas Adictivas y cuatro Unidades de Prevención Comunitaria) que constan acreditados según la normativa vigente, se gestionan 1.400 plazas públicas concertadas y múltiples servicios subvencionados. En sus instalaciones fueron atendidos 7.448 pacientes en 2010.
No obstante, señalan que otra amenaza para su viabilidad es la política de contratos de la Generalitat Valenciana a partir de
2012 para la concertación de plazas públicas con la Conselleria de Sanidad. Así, señalan que la licitación pública solo podrán concursar grandes empresas de servicios, "poniendo en situación de quiebra la Red ya establecida y la mayoría de las Entidades sin Ánimo de lucro que la gestionan desde su creación".
Amenaza de viabilidad
Ante esta situacióm, Cuesta ha advertido de que la demora en el pago de las deudas contraídas por la gestión de plazas públicas y servicios subvencionados y la "reticencia" de las entidades financieras a habilitar líneas de crédito para contratos y subvenciones de la Consellería de Sanidad "amenaza la viabilidad" de los dispositivos de atención de la Red Pública al no poder pagar nóminas, obligaciones tributarias (IRPF y Seguridad Social) y proveedores. "Situación, que de no remediarse, provocará de forma inminente al cierre de los centros y servicios", ha lamentado.
Además, otro de los peligros ha señalado que es la nueva relación jurídica a partir del 31/12/2011, para la gestión de las plazas públicas que se va a configurar como licitación de pública concurrencia, cuyas características, a tenor de la precaria información recibida, "imposibilita el concurso de las entidades que tradicionalmente han venido gestionando estos servicios".
Al respecto, ha argumenyado que "no existe ninguna razón económica para ello, se dispone del mismo presupuesto y de una Red estable y de experiencia contrastada" y que además "no se dispone de información suficiente para que las entidades sociales puedan determinar estrategias para poder hacer frente esta situación y en el peor de los
casos proceder al cierre de los servicios lo que conllevaría la falta de atención a todos los pacientes atendidos, la reestructuración de los recursos humanos, la liquidación de la entidad".
Respecto, al capítulo de subvenciones, en atención a la información recibida, para el próximo año será recortado en un 30 por ciento más con respecto a los dos ejercicios anteriores en los que había sufrido
una reducción del 60 por ciento, "lo que implica la destrucción de algunos servicios de forma casi completa".
No obtante, ha señalado que "paradójicamente", la Fundación para el Estudio Prevención y Asistencia a las Drogodependencias (FEPAD), fundación pública cuyo patronato ostenta la Consellería de Sanidad, "sí recibirá una subvención nominativa de 800.000 euros", mientras que la propia federación GVDA dejará de recibir subvención de la Consellería de Sanidad.
Las repercusiones directas de esta situación son la falta de atención a pacientes y familias (cerca de 10.000 pacientes directos y 20.000 familiares), la destrucción de la Red de Asistencia a las Drogodependencias (25 entidades), el cierre de los Centros y Servicios (cerca de 60 centros y servicios), la liquidación del Tejido Asociativo del ámbito de las adicciones, lo que afcetará a 350 voluntraios, unos 300 trabajadores y 50 profesionales en prácticas.