El Consejo Superior de Deportes (CSD) aseguró, en declaraciones a EuropaPress, que la venta del 50,3 por ciento de acciones del Valencia a la empresa Inversiones Dalport está "en estudio" y que la resolución será "inminente".

Desde el CSD se asegura que la operación "no está bloqueada", sino "en proceso de estudio y posterior resolución", y que la respuesta está "a punto de salir", aunque difícilmente será en el fin de semana. Las noticias podrían llegar a principio de la próxima semana. "El lunes pueden haber noticias", se indicó. En este sentido, la demora está motivada por el hecho de que el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, quien debe dar el visto bueno y plasmar la firma, se encuentra en Granada.

El Consejo Superior de Deportes afirma que la demora en dar una respuesta a la compra de acciones por parte de Inversiones Dalport no se debe "a nada en concreto", sino que "todo lleva su tiempo y no es tan sencillo". De hecho, se aseguró que no falta "ningún tipo de documentación" y se volvió a reiterar que sólo queda la resolución. En este sentido, se matizó que "quizás la documentación no era la requerida y que se puede haber subsanado", indicando que se necesitan fotocopias compulsadas u originales para llevar adelante la operación.

El CSD deberá comprobar si la documentación "se ajusta a lo que establece la Ley del Deporte", como por ejemplo que el comprador muestre "una declaración jurada de no poseer más de un 5% de acciones de un club que participe en la misma competición" y comprobar "quién forma parte de esa empresa".

El organismo nacional recordó que maneja dos solicitudes de adquisición, "la primera es la compra de Vicente Soriano a Juan Soler, y la segunda, la venta del propio Soriano a Inversiones Dalport". En el momento se apruebe esta transacción accionarial, si es el caso, "el comprador dirá que el CSD ha dado la autorización y ya se negociará en el ámbito privado". En este sentido, el CSD recordó que actualmente el máximo accionista del Valencia sigue siendo Juan Soler y que no tiene potestad para verificar la solvencia económica de la empresa compradora.