Advirtió de que son necesarias estas actuaciones por parte de ambas instancias "antes de que se produzca una desgracia" y precisó, preguntado por si exigen la ilegalización de partidos concretos, que es a Delegación a quien "corresponde la tarea" de investigar las agresiones producidas y las formaciones con ideologías "racistas y fascistas".

No obstante, citaron a Espańa 2000 y Alianza Nacional como algunas de las formaciones que se deberían investigar. Al respecto, el portavoz del Fňrum Integració Inmigrants, Boukhales Mimi, criticó que haya "formaciones legales que se acogen a la Ley de Partidos pero la incumplen" por "presentarse a las elecciones como un partido racista, xenófobo y fascista".

Mimi incidió en que "todos sufrimos la sinrazón de la extrema derecha" que, según dijo, "tiene su casa, las grandes organizaciones, más organizadas y más activas, y sus cuarteles generales" en la Comunitat. "Por algo será", agregó, al tiempo que denunció la "impunidad asombrosa" que posee el "auge de agresiones".

Asimismo, Boukhales Mimi hizo un llamamiento a todas las administraciones "a que tomen cartas en el asunto", puesto que dijo no entender "que actúen como están actuando", ya que, según remarcó, en esta cuestión "no basta con palabras, queremos hechos".

En la misma línea, indicó que presentaron este miércoles en el PROP una petición para que el Síndic de Greuges "investigue y averigüe por qué la Administración autonómica y la local no han actuado" ante estos comportamientos que "vulneran los derechos del hombre y los derechos fundamentales", así como "el nuevo Estatuto" de la Comunitat y la "Ley de Servicios Sociales", de la que "hasta ahora han hecho caso omiso", subrayó.

Por su parte, el presidente de ACPV, Eliseu Climent, ratificó la "preocupación" existente por las "más de 30 agresiones registradas durante los últimos tiempos", además de expresar su "solidaridad con las víctimas" y pedir al PP que no una "inmigración y violencia" y a la Delegación que traduzca ser "progresista" en la "paralización rápida" de estos sucesos con la "detención" de los culpables.

Ley de partidos ante extrema derecha

En este punto, Paco Baixauli, miembro de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, aseveró que existen actuaciones en este sentido por parte de la Delegación del Ejecutivo estatal en la Comunitat, al tiempo que estimó que la Ley de Partidos está "focalizada exclusivamente en el País Vasco", mientras que "otro de sus ámbitos" debería ser "la extrema derecha", aseveró.

Baixauli, que atribuyó parte de la culpa del clima actual al PP por "utilizar la inmigración como arma electoral", se comprometió a trasladar a Antoni Bernabé la "preocupación" existe por estas cuestiones y resaltó que para la ilegalización de formaciones son necesarias "pruebas de que existe una actividad ilegal y un pronunciamiento del fiscal", entre otras.

Finalmente, la candidata de Compromís a la Generalitat, Glňria Marcos, hizo hincapié en que hay que impedir que el PP "continúe incubando el huevo de la serpiente" y "seguir luchando para que se cumplan los derechos humanos" y "se condenen expresamente las agresiones de carácter xenófobo y racista" y ello, destacó, "también antes de elecciones".

Criticó también la "doble vara de medir" del PP a la hora de "condenar" la agresión a su sede, pero no hacerlo en el caso de los ataques a sedes sindicales, librerías u otros partidos, al tiempo que, en su opinión, "se pasa la vida hablando de Navarra y De Juana, pero no denuncia que el asesino de Guillem Agulló venga en las listas", concluyó.