En este sentido, exigió a los cargos electos "que atiendan y solucionen los problemas que afectan a la ciudadanía", así como un modelo de sociedad "basado en la justicia social, en los principios y valores del Estado del Bienestar, en la redistribución de la renta y en la igualdad de oportunidades y de trato para todas las mujeres y los hombres".
Apuntó también que el contexto económico actual muestra "una clara recuperación de las economías de la UE", pero incidió en que este crecimiento "se muestra desequilibrado sectorialmente, pues se apoya en la bonanza del sector de la construcción y del sector servicios", lo que provoca que la ocupación generada "sea en gran parte temporal y precaria".
Así, UGT-PV remarcó la urgencia de "implementar un modelo de crecimiento económico que apueste por un sector industrial competitivo basado en elementos de alto valor añadido como la innovación, la tecnología y el diseño, dirigidos a un mercado exigente como el europeo, aunque sin desdeñar la introducción y consolidación de nuevos mercados", y fundamentado "en mayores inversiones de capital técnico y humano".
Resaltó la necesidad de incidir en las políticas "encaminadas a mitigar la elevadísima tasa de temporalidad que lastra el aumento de la productividad y perjudica las condiciones de salud y las perspectivas en el trabajo".
Desde UGT-PV, lamentaron que problemas estructurales como esa "temporalidad, la precariedad y enormes diferencias en las tasas de actividad en el empleo, que afectan de especial forma a jóvenes y mujeres, hace que se desaprovechen estos momentos de crecimiento económico notable, persistiendo diferencias muy claras respecto a la media europea y no mejorándose ni en competitividad, ni en productividad, ni en sostenibilidad medioambiental".
Por ello, remarcaron la importancia de "las futuras medidas que en el marco del diálogo social puedan adoptarse y las decisiones del Gobierno valenciano tanto para reducir la temporalidad y la siniestralidad laboral como para incrementar la inversión en sectores con problemas", puesto que, a su juicio, "un sector industrial fuerte y con viabilidad, generador de empleo estable y capaz de producir crecimiento económico" es "fruto de políticas de consenso y esfuerzos de una decidida inversión presupuestaria en I+D+i".
Riesgos laborales
Por otra parte, resaltaron la importancia de la "concienciación" en riesgos laborales, "la prevención y también la denuncia, en su caso, de los responsables de los accidentes laborales, como los empresarios que no apliquen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Administración que tiene que velar por que se cumpla".
El Comité exigió al futuro Gobierno valenciano que adopte "medidas que permitan superar los problemas que le competen, fundamentalmente los relacionados con el empleo y su calidad, accidentes laborales, protección social y la lucha contra la exclusión social, con mayor atención a los colectivos con necesidades".
Así, estimó necesarias "políticas tendentes a favorecer la plena integración e igualdad de la mujer, que respondan a los problemas reales de los jóvenes, a la integración y el aseguramiento de la igualdad de derechos de los inmigrantes, a la mejora de la sanidad y la educación públicas, a la solución a los problemas de la vivienda, a la potenciación del transporte público, a la apuesta decidida por la I+D+i, o a las distintas políticas sectoriales".
Pidió también al futuro Consell que "retome, mediante el marco adecuado, el escenario de diálogo social preciso para afrontar con garantías" las "dificultades" de los trabajadores y que elabore una Ley Autonómica de Formación Profesional que "planifique e impulse un sistema integrado de los tres subsistemas de FP, garantice la formación permanente y optimice los recursos y asegure el alumnado suficiente para el mantenimiento de estas enseñanzas", así como un modelo de Centro Integrado de FP para la Comunitat y una Red de Centros Integrados de FP, además de dotación y el desarrollo integral del Instituto Valenciano de las Cualificaciones Profesionales.
Por otro lado, desde UGT-PV hicieron un llamamiento a todas las partes implicadas en las negociaciones de las condiciones laborales en los sectores del comercio, la hostelería y el juego para que concedan "mayor sensibilidad hacia las reivindicaciones sindicales que tienen que ver con la reducción de jornada, la estabilidad de los horarios y la conciliación de la vida laboral y familiar".
Asimismo, valoraron el "diálogo social estatal", los "avances obtenidos por reivindicaciones defendidas largamente por UGT", así como la Ley de la Dependencia, y otras iniciativas puestas en marcha como el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo, la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto del empleado público o el Estatuto del trabajador autónomo.
Aseguraron que las pensiones mínimas "han aumentado", al igual que el Salario Mínimo Interprofesional, que alcanzará los 600 euros mensuales en 2008. No obstante, instaron al Gobierno central a que "siga elevando estas cifras hasta alcanzar una cantidad equivalente al 60 por ciento del salario medio real en España".
El Comité Nacional manifestó su "rechazo" ante el aumento de la marginación en distintos colectivos, entre los que citaron algunos como las personas dependientes, las mujeres, los jóvenes, los desempleados, los discapacitados y los inmigrantes, y en todas aquellas personas "que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza".
Asimismo, destacó la "necesidad" de "estrechar aún más las relaciones entre el sindicato y sus bases para dar una mejor respuesta sindical a los problemas que se plantean cotidianamente". además de valorar "en términos globales" los resultados obtenidos por UGT-PV en los procesos de elecciones sindicales de 2005 y 2006 que, en su opinión, "han permitido elevar los niveles de representación".