Peralta hizo estas declaraciones tras reunirse con los representantes de la Intersindical Valenciana (IV) que, tras la celebración del congreso por el que el sindicato cambió de directiva, le trasladaron, entre otras cosas, según el delegado, su preocupación por el "deterioro" de la sanidad pública "como consecuencia de la política que lleva a cabo la Generalitat", y por el sector educativo, especialmente por EpC y "el intento de las comunidades gobernadas por el PP, como es ésta, de boicotear y bloquear esa asignatura".

Para el delegado del Gobierno, se trata de una materia que "el Gobierno de la nación y otros gobiernos europeos consideran que debe formar parte del contenido educativo porque se trata de formar, no sólo técnicos especialistas, sino ciudadanos", por lo que instó a "colaborar entre todos para que no sean los alumnos los que resulten perjudicados".

Así, trasladó al sindicato las actuaciones que el Gobierno, en el marco de sus competencias -las referidas a la Alta Inspección Educativa-, ha llevado a cabo y, en concreto, "cómo se impugnó en su momento la norma autonómica y cómo el TSJCV acordó la suspensión cautelar de parte de esa normativa". En este sentido, insistió en que "la ley obliga a todos y especialmente a las administraciones".

Ricardo Peralta reconoció que es una situación "muy difícil" para los profesores, directores de centro y para los alumnos, que confió en que "dure poco", aunque, lamentó, "podría terminar si por parte de la Conselleria se adoptara el sentido común". Mientras tanto, dijo que será "necesario que la comunidad educativa haga un sobreesfuerzo de compromiso de poner orden donde otros ponen desorden y sentido común donde otros ponen disparates".

Por su parte, el portavoz de IV, Vicent Mauri, indicó que comparten la valoración política sobre EpC con la delegación del Gobierno así como con otros sindicatos y la federación de padres, porque la situación en la Comunitat "no es la adecuada" ya que, a su juicio, "la asignatura se hace en inglés, no para potenciar la educación trilingüe, sino para desvirtuarla".

Respecto al recurso presentado por el Stepv-IV aseguró que "iremos hasta el final" para que la asignatura "tenga la calidad que debe tener y se imparta en valenciano o castellano en función del programa lingüístico de cada centro".

PODER ADQUISITIVO DE FUNCIONARIOS

Por otro lado, los representantes de IV manifestaron al delegado del Gobierno su "preocupación" por la pérdida del poder adquisitivo que, debido a que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha "disparado", tienen los funcionarios y que "es competencia del Gobierno espańol". Así, aseguró que Peralta manifestó durante la reunión que "hace falta un acuerdo social salarial para que no pase eso, que ha pasado en algunos convenios colectivos".

En este sentido, Mauri se refirió al convenio colectivo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Valencia, que su sindicato firmó y que la delegación del Gobierno ha recurrido. Según indicó, el convenio "se ajusta a la legalidad y discrepamos de la valoración que ha hecho la delegación del Gobierno y del recurso", así que opinan que "se debería respetar y si hay un problema entre dos administraciones no lo debe pagar el personal que trabaja en el Consistorio de Valencia".

Finalmente, el portavoz sindical criticó la situación "lamentable" de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat, ya que el Gobierno espańol "no está haciendo nada para aplicarla", y pidió un "esfuerzo y coordinación entre las diferentes administraciones para atacar el problema de la violencia de género".