La comunicación sobre Política Social, presentada por la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, propone la creación de una ley de la Familia y una ley de Valores y Ciudadanía como "objetivos prioritarios" del PP para esta legislatura, "para seguir desarrollando un modelo social centrado en conseguir la estabilidad, el bienestar y la cohesión social".
De Miguel defendió la necesidad de afrontar el reto de aprobar una ley de la Familia que preste "una especial atención a la situación especial desprotección en la que se encuentran las familias monoparentales" y de una ley de Valores y Ciudadanía que "insista en valores tan importantes como los de igualdad, justicia, libertad, seguridad y que desarrolle otros nuevos como el de la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural".
La comunicación también propone la creación de una ley de Renta Garantizada que avale la creación de un nuevo subsidio de apoyo familiar y la inclusión de una Carta de Derechos Sociales del Pueblo Valenciano en la reforma del Estatuto de Autonomía.
La alcaldesa de Ibi, Maite Parra, fue la encargada de la comunicación sobre Sectores Tradicionales, donde se establece que una de las "prioridades políticas del PP" será la investigación, el desarrollo y la innovación con el objetivo de conseguir "la excelencia empresarial a través de la consolidación, el impulso tecnológico y la mejora de competitividad".
Las Administraciones más próximas a las empresas, defiende el texto, "deben basar su apoyo a estos agentes económicos en el fomento de las nuevas tecnologías, la creación de nuevos espacios de innovación y la incentivación de procesos de innovación".
En este sentido, invita a "potenciar la constitución de alianzas estratégicas entre empresas, el refuerzo de la formación y la puesta en marcha de procesos de investigación, desarrollo e innovación".
La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, fue la encargada de la comunicación sobre Infraestructuras, en la que se aboga por que la Comunidad Valenciana cuente con unas infraestructuras "más modernas y más eficaces para insertarse plenamente en las grandes redes tanto del transporte como de la sociedad de la información".
Bastidas planteó que se potencie una cultura de uso del transporte público como un servicio rápido, moderno y seguro, destacó que la planificación de carreteras va encaminada a la vertebración del territorio de la Comunidad Valenciana, y reivindicó que se impulsen las "autopistas del mar", para reducir la congestión de las rutas terrestres.
En materia de ferrocarriles, la comunicación expone que la Comunidad Valenciana contará en el año 2010 con más de 500 kilómetros de líneas de alta velocidad, mientras que se asegura que el PP presta atención "prioritaria" a los proyectos de ampliación y mejora de los aeropuertos de Alicante y Valencia, y al futuro aeropuerto de Castellón.
La consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, aseguró en su comunicación que el PP "continuará luchando para defender el derecho de los valencianos a recibir los recursos hídricos que necesiten" y defendió que el derogado trasvase del Ebro, previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), "se realizará cuando el PP vuelva a gobernar España".
Martínez valoró las iniciativas impulsadas desde la Comunidad Valenciana para racionalizar el uso del agua y las que tienen como objetivo un "reequilibrio interno", como el trasvase Júcar-Vinalopó.
La comunicación critica las "contradicciones del Gobierno socialista", que derogó el PHN sin "debate y sin un proceso público de confrontación" y que prevé un sistema de desalinizadoras "inviable económicamente" con un elevado coste medioambiental".