La formación reiteró la "necesidad" de la implicación "directa" del Gobierno y, sobre todo, del Ministerio del Interior, "en un asunto que ya sobrepasa la anécdota local" ya que, según Isaura Navarro, "con la nueva denuncia del censo de San Jordi, todos los indicios apuntan a una trama organizada por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, por lo que son necesarios todos los mecanismos posibles para actuar y limpiar los censos irregulares, así como para exigir responsabilidades penales como la inhabilitación para cargo público para los autores materiales".

Navarro registró la pregunta al Gobierno el mismo día que "explotó" el "escándalo" del alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, "el cual, junto a familiares suyos, habían empadronado a personas de fuera en sus domicilios", según afirmó esta formación, que ańadió que la iniciativa parlamentaria se presentó "para exigir al Gobierno central que pusiera en funcionamiento todos los mecanismos posibles para investigar el caso".

El Gobierno seńala respecto al caso concreto del municipio de Cabanes sobre el supuesto incremento irregular en el padrón municipal por parte del alcalde y familiares o dirigentes del PP, que la Oficina del Censo Electoral (OCE) de Castellón ha tomado conocimiento de la denuncia de un particular, de fecha 20 de febrero, que solicitaba la verificación de la residencia efectiva de los nuevos residentes y tramitaciones de baja en cada caso y se ha pedido informe al Ayuntamiento.

Además, ha autorizado, con fecha 27 de febrero, la realización de una inspección para comprobación de la realidad del domicilio de los electores incorporados recientemente al censo electoral, a consecuencia de la documentación aportada por la Subdelegación del Gobierno de la provincia el 26 de febrero, según EU.

En la respuesta del Gobierno, se recuerda que "la actualización del censo electoral se realiza conforme a los procedimientos establecidos por la normativa legal vigente, a partir de las comunicaciones mensuales de las variaciones de los datos de inscripción en los padrones municipales procedentes de los ayuntamientos".

El Gobierno ańade que "conforme a la legislación vigente, éstos deberían haber realizado las comprobaciones previas de que las nuevas inscripciones se corresponden con la situación real de residencia habitual de los ciudadanos, de acuerdo con los artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades locales, en su redacción dada por el Real Decreto 262/10996, de 209 de diciembre".