Garcia afirmó que la justicia "ya ha dejado claro mediante el fallo del Jurado Provincial de Expropiaciones a favor de la Unió de Llauradors que el precio establecido por la empresa encargada por la Generalitat de hacer las expropiaciones (Atursa) era ridículo y no ajustado a la realidad del mercado".

El responsable de IdPV explicó que aunque sea una empresa privada "la que ha hecho la gestión expropiadora, es la Generalitat la última responsable de la gestión y explotación de la CV-35 y, por lo tanto, no es comprensible que el precio de los terrenos para la ampliación y prolongación de la autovía en el ańo 2005 sea inferior a los que la propia Generalidad pagó cuando hizo su construcción ´ex-novo´ en el ańo 1992".

Garcia remarcó que el Tribunal "ha reconocido que, como mínimo, el precio que se debe pagar es el doble o el triple del que ofrece la empresa Atursa, es decir, 12,45 euros frente a los 4 y 8 euros previstos".

Iniciativa del Poble Valenciŕ "coincide con la Unió de Llauradors en que la administración autonómica no puede dejar indefensos a 150 propietarios que han presentado reclamación frente a una injusticia flagrante como ésta, y que llevan ya casi tres ańos sin recibir una compensación económica por la pérdida de sus terrenos".

Garcia pedirá a través del grupo parlamentario de Compromís la presentación de una proposición no de ley para reclamar a la Conselleria de Infraestructuras y a la empresa encargada de las expropiaciones que "desistan de más recursos, que lo único que hacen es demorar el pago a los agricultores, y acaten las decisiones que el tribunal ha resuelto sobre el precio de la tierra".