Javier Montero manifestó que, en su opinión, el Gobierno central "ha perdido el norte jurídico y desconoce los límites del Estado de Derecho". "El pacto social implica la cesión de la autoridad punitiva de los particulares al Estado, pero cuando éste no responde o no funciona desde la más pura manifestación del Derecho, se justifica que sean los propios particulares quienes ejerzan la restitución de la Justicia, creándose una peligrosa situación en la que las víctimas no han quedado resarcidas", aseveró.

Asimismo, afirmó que "si un terrorista consigue beneficios penitenciarios, poniéndose voluntariamente en situación de riesgo para su vida, por qué no han de conseguirlos por la misma vía los presos comunes", se preguntó Montero, quien también estimó que "sólo desde la más absoluta de las ignorancias, o quizá desde la más profunda de las maldades, se puede vulnerar un principio jurídico básico, como es el que a uno mismo no le pueden beneficiar sus propios actos injustos: una vez vulnerado dicho principio se abre la veda, y nuestros clientes, por muy aberrantes delitos que hubieran cometido, no son peores que ese asesino y merecen, como mínimo, el mismo trato", concluyó.