En este sentido, la Audiencia Nacional ha fallado, con fecha del 28 de marzo de 2007, a favor del recurso contencioso administrativo presentado por la Generalitat Valenciana contra la inactividad de la Ministra Salgado como presidenta del Consejo Interterritorial.

Este recurso se interpuso el 29 de abril de 2005, después de un primer requerimiento de la Conselleria de Sanitat, presentado mediante escrito en febrero de 2005, donde se exigía que se convocara una reunión de este Consejo, petición que fue desatendida por el Ministerio de Sanidad.

La Generalitat Valenciana siempre ha pedido que se tratara los sistemas de financiación, con el fin de actualizar el reparto económico según el índice de crecimiento poblacional. Además, de que se incluya la financiación de los planes integrales y nuevas prestaciones.

Asimismo, la Conselleria de Sanitat considera necesario debatir el desarrollo del nuevo Real Decreto que se encarga de regular el Fondo de Cohesión, así como, las perspectivas, prioridades y calendario del cumplimiento del programa electoral sanitario del gobierno central, para valorar las incidencias en el desarrollo del sistema de financiación.

Todos estos puntos deberán ser incluidos en el Consejo Interterritorial, que la Audiencia Nacional obliga ahora a convocar al Ministerio de Sanidad.

Reivindicación de un modelo de financiación justo

El titular de Sanitat ha recordado que ya ha reiterado en varias ocasiones a la Ministra que “el actual modelo de financiación sanitaria no tiene en cuenta el crecimiento poblacional ni el impacto económico de la asistencia prestada a la población procedente de otras regiones”.

Además, la Comunitat ha crecido respecto a 1999, ańo de referencia para el actual modelo de financiación, en 740.434 habitantes, de los cuales 600.000 proceden de países extranjeros. Si se calcula que el gasto sanitario medio nacional por persona y ańo es de 1.043,76 euros, la atención a estos nuevos ciudadanos comporta a la sanidad valenciana un gasto de 773 millones de euros anuales.

Además, desde la Conselleria de Sanitat también se ha pedido la modificación del actual Real Decreto por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria, para corregir así las carencias de cobertura producidas por la asistencia que presta la Generalitat a los desplazados de otras comunidades autónomas, así como la revisión de los criterios contables de liquidación correspondiente al gasto sanitario por la atención prestada a la población extranjera desplazada temporalmente a la Comunitat.