Así lo anunció este viernes en una rueda de prensa la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, quien estuvo acompańada por el redactor de estos documentos, el coordinador de la sección Civil y de Protección de las Personas con Discapacidad de la Fiscalía Provincial, Gonzalo López Ebri, quien resaltó que con esta iniciativa, que aplica el convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado en mayo de 2008, se pretende "apostar definitivamente por la protección de las situaciones de vulnerabilidad" y "evitar que pase lo que estaba pasando".

Por ello, López Ebri ha elaborado un cuerpo jurídico, supervisado y coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Inspección Fiscal y el fiscal de la sala de lo Civil, con el objetivo de controlar y ordenar las situaciones de las personas con discapacidad, además de los tutores, tanto privados como públicos. Es por este motivo que a través del nuevo modelo, implantado en Valencia, y que se extenderá probablemente al resto de Espańa, desde la Fiscalía se enviará a los juzgados correspondientes, una vez se nombra a un tutor, un inventario que tiene que rellenar antes de 60 días para ejercer su cargo.

Asimismo, junto a este documento, se remitirá al tutor un informe anual que tiene que rellenar sobre la situación personal y patrimonial de la persona que tiene a su cargo, en concreto, sobre su convivencia; estado de salud en general y atención personal y asistencial; actividades desarrolladas para lograr más autonomía e inserción social; asistencia a centros de trabajo o formación; copia de extractos bancarios; o copia de las últimas nóminas. Por último, le proporcionará un extracto de todas las normas del Código Civil que regulan los derechos y obligaciones del tutor y del pupilo, para que se establezca una seguridad jurídica.

Al respecto, López Ebri explicó que anteriormente ya existía una supervisión sobre los informes de las personas discapacitadas, pero, en realidad, no había una "praxis adecuada" en cuanto al control de las tutelas. De hecho, puso como ejemplo que los juzgados no especializados en discapacidad, en ocasiones no citaban a los tutores para informar de la situación de la persona a la que cuidaba.

Con todo, explicó que en las residencias, lo "importante" es el control del llamado ´guardador de hecho´, ya que el 80 por cientos de las personas con discapacidad que ingresan en centros de manera no voluntaria, dejan fuera sus cuentas, libretas de ahorro, acciones, su domicilio o su vehículo, materias de las que se pasa a encargar un guardador.

Así, Fiscalía exige a las residencias que les informe mensualmente no sólo del número de internados, sino del ´guardador de hecho´, a quien cita para que informe de la situación patrimonial y económica de la persona que está interna. Tras conseguir este control, el siguiente objetivo, dijo, es extender la iniciativa al ámbito domiciliario, es decir, "lograr más control de los tutores de personas discapacitadas que se encuentran en su domicilio".

Sobre este aspecto, López Ebri indicó que Espańa debería reformar la excusa absolutoria de los delitos contra el patrimonio entre parientes, con el objetivo de que éstos sean perseguibles penalmente, además que de manera civil.