Según consta en un auto facilitado a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado de lo penal ha remitido los autos a Picassent, tal y como se acordó el pasado 6 de mayo, cuando la magistrada suspendió el juicio porque el juez instructor no dejó claro si el hombre está acusado sólo de dos delitos contra Hacienda o también por las estafas que sostienen las acusaciones. Dependiendo del número de delitos y de la pena, se le juzgará en lo penal o en la Audiencia.

La magistrada justifica este paso judicial en que uno de los tres delitos por los que se acusa al hombre es el de estafa agravada que, por la pena que lleva aparejada, supera los límites de las penas previstas para el conocimiento de los juzgados de lo penal.

Por tanto, indica que, en atención a la existencia de ese escrito de la acusación particular, "no queda otra solución" que acordar que el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa es la Audiencia Provincial, si bien, y como manifestó el ministerio público, lo "procedente" es que sea el juzgado instructor el que en el auto de apertura de juicio oral realice esa apreciación.

Por otro lado, recoge la alegación de otra acusación sobre la existencia de un error en el auto de apertura de juicio oral fechado el 9 de marzo de 2007, ya que, según exponía ésta en su escrito, "no hacía mención a los delitos de estafa agravada que las dos acusaciones habían objeto de acusación".

Al respecto, seńala que debe ser el juzgado instructor el que se pronuncie sobre si da lugar a la apertura de juicio oral por los delitos de estafa y de apropiación indebida o si, y todo esto de manera explícita, por el contrario, quedan fuero del objeto de la causa.

Por otra parte, desestima la alegación de la defensa, en el sentido de que las acusaciones particulares no tendrían legitimación para estar en el juicio ni para ejercer la acción penal porque no son "perjudicados" ni "ofendidos", ya que considera que "sí existe un perjuicio para las personas, por lo menos de carácter económico". En este sentido, afirma que "no puede serles negado el ejercicio de la acción penal".

El ´padre Ángel´, responsable del convento fortificado existente en Picassent y presunto propietario de diferentes apartamentos en la costa valenciana, acudió el pasado 6 de mayo, vestido con una sotana y con un aparato de oxígeno al hombro, junto con varios adeptos, hasta el juzgado de lo penal número 4 de Valencia, donde iba a ser juzgado por un fraude a Hacienda. Finalmente, el juicio fue suspendido y ahora tendrá que esperar al pronunciamiento del juzgado de Picassent.