El responsable popular destacó que el crecimiento de la población "debido fundamentalmente a la inmigración" se ha traducido en "una mayor tensión del gasto autonómico frente al estatal" lo que, a su juicio, "exige una revisión inmediata del modelo de financiación autonómica.

Asimismo, Arias Cańete indicó que, como ya han pasado las elecciones autonómicas, es "el momento" de que el Gobierno "afronte este problema fundamental", con el objetivo de que las comunidades autónomas "puedan prestar los servicios en condiciones suficientes y con una holgura financiera que les permita atender las necesidades de los ciudadanos".

Por otro lado, criticó que aunque el Ejecutivo "prometió un nuevo modelo, no ha sido capaz de desarrollar el actual" que, en su opinión, "ha funcionado razonablemente bien". No obstante, comentó que el fenómeno migratorio, que calificó como "un hecho sobrevenido", "ha tensionado, sobre todo, a las comunidades autónomas que más crecen y más empleo han generado, ya que es en éstas donde los inmigrantes fijan su residencia".

Al respecto, aseguró que esta situación se debe al "efecto llamada" que "ha provocado la regularización masiva propugnada por el PSOE, la política de papeles para todos y la falta de capacidad de la política exterior espańola de repatriar a inmigrantes ilegales", lamentó.  

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo hizo hincapié en que la negociación del nuevo modelo "tiene que aprobarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) buscando la unanimidad". Asimismo, indicó que este sistema "debe ser necesariamente solidario".

Por otra parte, consideró "positivo" que se incrementen los porcentajes de cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Valor Ańadido (IVA), ya que las autonomías "tienen que recaudar los recursos necesarios para asegurar los servicios a través de los impuestos", remarcó.

Del mismo modo, se mostró convencido de que se debe aumentar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial en el caso de las comunidades más desarrolladas, en las que "habrá que tener en cuenta el hecho migratorio y habrá que poner mas recursos encima de la mesa".

No obstante, indicó que también existen autonomías en las que "no han acudido inmigrantes pero tienen otros problemas de desarrollo". Sobre este aspecto, aseveró que "hay que darle una revisión en profundidad al Fondo de Compensación Interterritorial ponderando la superficie del territorio, la dispersión y el envejecimiento de la población, la inversa de la renta y aumentando el porcentaje de participación de Ceuta y Melilla que está en el 0,75", resaltó.

Por otro lado, Miguel Arias Cańete hizo referencia a la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia y aseguró que se trata de "una preocupación que va a influir en el modelo de financiación". En esta línea, lamentó que que los convenios que el Gobierno ofrece a las comunidades autónomas y las "cuantías insuficientes que establece para pagar la dependencia" ponen de manifiesto que "el Gobierno quiere trasladar a las autonomías y a los Ayuntamientos el sostenimiento de la dependencia".

Respecto a esta normativa, criticó que el Ejecutivo central "ha aprobado una ley sin dotarla de medios financieros suficientes para que su finalidad sea cumplida", y censuró que esta norma "recae sobre un sistema de financiación que en estos momentos está agravado por el hecho migratorio". 

Situación  

El responsable de Economía y Empleo del PP subrayó que en la actualidad se da una situación de "asimetría", porque mientras en las comunidades autónomas existe "mucha tensión presupuestaria", en el estado hay "superavit presupuestario". Asimismo, remarcó que la evolución es "más dinámica para el Estado que para las autonomías".

"Espańa ha pasado de 39 millones de personas a unos 45", seńaló Arias Cańete, quien manifestó que el hecho de atender a esos más de cinco millones de habitantes "recae sobre las CCAA", una situación que provoca que el que más "holgura presupuestaria" tiene sea "el Gobierno de la nación", subrayó.

Por otra parte, explicó que según los datos aportados por los consejeros presentes en la reunión hace falta un "esfuerzo financiero" de "como mínimo 3.000 millones de euros" para reequilibrar el sistema. No obstante, aseguró que esta cifra es "difícil de cuantificar" y todavía "no está acotada", ya que para establecerla "tenemos que ver los datos de población que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los próximos días".