Según explicó la entidad, la situación de sequía se califica en función de unos indicadores que tienen en cuenta los volúmenes de agua de los embalses, los caudales circulantes por los ríos, los niveles piezométricos de los acuíferos y las propias precipitaciones.

Los datos calculan periódicamente y, en función de su resultado, se definen las situaciones de normalidad, prealerta, alerta y emergencia. En este sentido, subrayó que los indicadores del río Júcar llevaban desde septiembre de 2005 en valores de emergencia y recordó que desde ese ańo "estamos sufriendo la mayor sequía de la historia reciente del río Júcar".

No obstante, con el último análisis de estos indicadores "no se han obtenido valores de emergencia en ningún río de la Confederación Hidrográfica del Júcar". La CHJ consideró que es "especialmente significativa y positiva" la recuperación del Júcar, que atribuye, en primer lugar, a los "ahorros producidos en el consumo, especialmente en la agricultura, y la concertación y coordinación de todos los usuarios, aspecto éste que se ha producido en todo el ámbito de la Confederación".

Asimismo, es consecuencia a las lluvias de finales de abril, "cuyas escorrentías y filtraciones han permitido mejorar los caudales circulantes, incrementar las reservas de los embalses y mejorar los niveles del agua subterránea" y al uso conjunto de los recursos, "tanto de agua reutilizada como de agua subterránea, especialmente a través de pozos de sequía y actuaciones de emergencia".

La CHJ seńaló que el Ministerio de Medio Ambiente ha invertido más de 92 millones de euros para habilitar estos recursos.

Albacete y Valencia

La CHJ ańadió que, con esta situación, "se confirma que la ciudad de Albacete cierre sus pozos y se abastezca de agua del río Júcar y la ciudad de Valencia aplique su régimen concesional, es decir se abastezca con un 75 por ciento del Júcar y un 25 por ciento del Turia", una decisión que ya se tomó en la última Comisión Permanente de Sequía.

No obstante, la Confederación agregó que el Plan Especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía aprobado por el Consejo del Agua de la CHJ el 14 de marzo de 2007, indica que, cuando el indicador de sequía "deje de estar en valores de emergencia, deberá continuarse con la situación de emergencia, manteniendo todas las medidas y acciones emprendidas, durante un periodo de seis o tres meses, en función de si el indicador es de alerta o de prealerta".

Por lo tanto, la Comisión Permanente de la Sequía seguirá sus reuniones periódicas "para gestionar adecuadamente la evolución de la situación, manteniendo todas las actuaciones programadas hasta el momento, tanto de carácter medioambiental como de suministro de usuarios".