Esta decisión viene motivada por una denuncia presentada desde Esquerra Unida (EU) en la que se considera que los datos relativos al piso y puerta de los destinatarios no contaban con el consentimiento de los afectados para su tratamiento y cesión, lo que en su opinión supone la infracción de diversos artículos de la ley de Protección de Datos.
Según la resolución de la Agencia de Protección de Datos, facilitada por EU, las sanciones, que podrían ir desde los 60.101,21 euros hasta los 601.012,10 euros, afectan a las empresas Consodata España y Meydis, que todavía cuentan con un plazo de quince días hábiles para alegar y presentar las pruebas que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
La Agencia considera justificada la necesidad de iniciar estos procedimientos sancionadores por "tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos" en la ley, que establece que el uso de esta información requiere el "consentimiento inequívoco del afectado", lo que supone una infracción "grave". Asimismo, se considera una falta "muy grave" la comunicación de estos datos personales a un tercero sin "consentimiento previo del interesado".
El portavoz adjunto de EU-l´Entesa en las Cortes Valencianas, Joan Ribó, afirmó que el inicio de procedimientos sancionadores contra las empresas que convocaron a la manifestación a favor del Plan Hidrológico Nacional (PHN) refleja que se produjo "un abuso de la intimidad" de los ciudadanos valencianos en este acto.
El portavoz parlamentario, quien recordó que estos procedimientos se abrieron a instancias de una denuncia presentada por su partido, incidió en que a su entender estos datos personales se utilizaron de una forma "fraudulenta" para convocar a la ciudadanía a la manifestación a favor del agua, convocada por diversas organizaciones agrarias.
En este sentido, incidió en que se han encontrado indicios de "infracciones graves" y de que la manifestación se convocó con "supuestos comportamientos ilegales". "Aquí hubo un abuso de la intimidad", incidió Ribó, quien lamentó el uso "de datos personales para convocar una manifestación de una forma totalmente fraudulenta".