La Asociación, que inició una ronda de encuentros para reivindicar una serie de puntos "necesarios" para la mejora del colectivo, se reunió con la coordinadora general de EUPV, Glória Marcos, y el diputado de esta formación en las Cortes Valencianas Ramón Cardona, además del secretario de Organización de Lambda, José del Amo.

Los ex presos exigieron que "se apliquen los mismos criterios que en su día fueron válidos para el resarcimiento moral y económico de los represaliados políticos", y apuntaron la necesidad de adoptar estas mismas medidas en el caso de los "represaliados sociales homosexuales, que ahora solicitan justicia".

Durante el encuentro, indicaron a los responsables de EU la conveniencia de tratar la existencia de antecedentes penales por la aplicación de la mencionada ley.

La Asociación también reclamó la desvinculación del poder judicial de los expedientes de peligrosidad, así como la retirada de los expedientes penitenciarios, que continúan depositados en los centros penitenciarios y, según dijeron, deberían pasar a archivos históricos.

Finalmente, pidió que se articulen medidas para que los historiadores puedan realizar "los estudios necesarios" para la recuperación de la memoria de estos ex presos, y que se avale la seguridad de que los datos de las personas afectadas por expedientes de esa ley queden protegidos.

La Asociación de Ex Presos Sociales se reunirá con representantes de Izquierda Unida y con el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el próximo 10 de noviembre en Madrid.

La organización también tiene previsto entrevistarse con el director general de Instituciones Penitenciarias y con varios diputados en la capital de Espańa, mientras que el PP "aún no ha respondido" a su solicitud de mantener un encuentro.

En su intervención, la coordinadora general de EU mostró su compromiso de trasladar las demandas de los ex presos sociales al grupo parlamentario de IU para que "se adopten medidas" al respecto.

Marcos apuntó la necesidad de que, con ocasión de esta solicitud, se articulen además leyes en beneficio de personas que fueron apresadas por cuestiones que afectan a sus derechos civiles y humanos, los que consideró que "hay que resarcir no sólo económica, sino moralmente".

Por su parte, Cardona indicó que EU realizará una "propuesta de reconocimiento constitucional a las personas que han sufrido prisión de forma injusta", por motivos políticos y sociales.

El diputado reclamó al Consell que financie un estudio serio que permita analizar las repercusiones que la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Asociación, Antonio Ruiz, achacó "gran parte de la culpa" por la situación de los ex presos a "la intervención de la Iglesia, que ha colaborado en la represión" de estas personas.

Finalmente, Del Amo, secretario de Organización del Colectivo Lambda de Gays y Lesbianas, advirtió de que ha surgido "una nueva onda inquisitorial" en el seno de la Iglesia Católica, que, a su juicio, "continúa anclada y alejada de la sociedad espańola".