El texto proponía que las ayudas a cuenta, de carácter individual y previas a la resolución del juicio que todavía no se ha iniciado, "tomaran en consideración, para cada uno de los afectados, las consecuencias de orden psicológico, físico y laboral producidas por la infección".

La diputada socialista Encarna Llinares recordó que el contagio masivo de Hepatitis C, ocurrido en el ańo 1998, afectó a un total de 276 personas, 228 de ellas en la Casa de Salud, 46 en el Hospital La Fe y otros dos en la Clínica Quirón y el Hospital Virgen del Consuelo.

Según indicó, la Hepatitis C es una enfermedad que se cronifica en entre el 60 y el 85 por ciento de los casos, en un 20 por ciento puede evolucionar a cirrosis y en entre un uno a cuatro por ciento a carcinoma, y hasta el 30 por ciento de los afectados tiene síntomas depresivos u otras patologías asociadas.

"276 personas contrajeron esta enfermedad sin tener la culpa, sólo porque estaban enfermas, fueron a un hospital público y se encontraron con un anestesista que le contagió", afirmó Llinares, quien indicó que siete ańos después del contagio "hay un proceso judicial pendiente de resolución".

Agregó que el Gobierno de la Generalitat "no ha hecho nada por los afectados, los ha abandonado a su suerte", e indicó que el anestesista Juan Maeso "fue la herramienta de contagio, pero quien creó las condiciones para que este contagio se produjera fue un fallo en todos los sistemas de alarma por parte de la Conselleria de Sanidad", a la que consideró "responsable subsidiaria" de este tema.

La diputada socialista criticó que la Asociación de Afectados ha solicitado en dos ocasiones reunirse con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y éste "no ha considerado oportuno hacerlo" y afirmó que los contagiados "solo quieren que el Gobierno valenciano esté preocupado pro sus problemas".

"La Generalitat puede y debe anticipar las ayudas a los afectados, porque es un problema de salud de unas personas que han sufrido el abandono del Gobierno valenciano, con Camps a la cabeza", aseguró Llinares.

El diputado de EU-L,Entesa Alfred Botella mostró su apoyo a la proposición no de ley presentada por el PSPV-PSOE, ya que consideró que el contagio de Hepatitis C se produjo porque "fallaron todos los sistemas de alarma" y fue consecuencia de una "mala práctica que se hacía desde hace tiempo y no se había detectado".

"La Generalitat tiene una responsabilidad importante en este tema", aseguró Botella, quien manifestó la necesidad de que el Gobierno valenciano adelante dinero para los afectados y recordó que su grupo ya pidió incluir en los presupuestos de 2005 una ayuda de tres millones de euros de ayudas para los contagiados.

La diputada del PP Ester Franco aseguró que el Consell "no puede adelantar ayudas porque son los órganos judiciales los que deben decir cuando y como se deben hacer", y pidió a los grupos de la oposición que "esperen a que la justicia decida y no hagan juicios paralelos".

"La consellería de Sanidad está trabajando bien", afirmó Franco, quien explicó que la Administración está agilizando los expedientes de responsabilidad patrimonial, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat ya llegaron a un acuerdo para reconocer en los afectados la incapacidad laboral permanente.

Ester Franco consideró "demagógica" la proposición socialista y afirmó que el PSPV-PSOE "a quien debería dar lecciones es la ministra de Sanidad, Elena Salgado, para que cumpla con los recursos que debe dar a la Comunidad Valenciana".