Explicó que esta sentencia, dictada el pasado 14 de marzo y que ha sido recurrida por la adminitración, "desestima las causas de inadmisibilidad alegadas por la representación de la Generalitat Valenciana respecto a esta denuncia", presentada por una trabajadora de la conselleria de Bienestar Social el pasado 5 de abril de 2004, e insta a la administración a que "se realicen las investigaciones pertinentes sobre este posible caso de acoso psicológico en el ámbito laboral".

La sentencia, según dijo, anula la resolución de la conselleria de Bienestar Social que rechazó la petición de la trabajadora de que se investigara su situación por "no ajustarse a derecho", por lo que el representate sindical consideró que el juez "no comparte los criterios que llevaron a la conselleria a no proceder a la apertura del expediente disciplinario para investigar los hechos denunciados". Además, indicó que esta resolución declara a la funcionaria "sobradamente legitimada" para hacer esa solicitud y destaca que "tiene todo el derecho a ser informada del expediente informativo reservado que se le negaba en un principio".

Asimismo, la funcionaria implicada, quien también asistió a la rueda de prensa junto a los representantes de STAPV-Intersindical Valenciana, Josep Tur y Encarna García, explicó que los hechos denunciados se remontan al ańo 2004, "aunque durante muchos ańos antes ya sufría de esta situación incomprensible", matizó. Explicó que denunció la "imposibilidad" de desempeńar su trabajo en el Centro de Evaluación de Minusvalías de Valencia, perteneciente a la conselleria de Bienestar Social, porque sus superiores "estuvieron continuamente cambiándome de puesto de trabajo" por lo que  "realizó trabajos muy inferiores a la calificación laboral que figura en su expediente".

Aseguró que estos cambios "no se producían de forma adecuada, sino arbitraria", algo que, recordó, "no se puede hacer con una empleada que trabaja en una plaza fija ganada en oposiciones". Además, ańadió que durante el periodo que estuvo trabajando en este departamento, sus compańeros "realizaron denuncias verbales sin concretar ninguna mala práctica laboral" por lo que "se trataba de valoraciones de talante y caracter, y no de una mala trabajadora".

Asimismo, afirmó que mientras estuvo desempeńando su trabajo en el centro de Valoración de Minusvalías detectó "muchas irregularidades en el funcionamiento de este departamento", entre las que citó "casos en contra del reglamento como la inexistencia de registro público, entre otras". En este punto, indicó que ella denunció esta "mala praxis" a sus superiores y recordó que obtuvo como "única" respuesta un "no lo hagas", seguido de un nuevo cambio de puesto de trabajo.

Procedimiento de detección

Por su parte, González Meseguer, consideró que esta sentencia es "beneficiosa" porque "nos da la razón", ya que calificaron como "oscurantista" e "ineficaz" los procedimientos técnicos 34/2003 de la Inspección de Trabajo, que se acordaron en la época en que Eduardo Zaplana era ministro de Trabajo, y que determinaban el acoso psicológico en el trabajo como una infracción laboral, no como una infracción de prevención de riesgos laborales, lo que conlleva que "en el ámbito de la función pública, las denuncias se tengan que presentar y resolver internamente, en el marco de la Inspección de Servicios de la conselleria de Administración Pública", explicó.

Además, consideró "inadecuado" que la Inspección de Servicios de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas "se limite a dar traslados y a aceptar como propias las conclusiones de la conselleria de Bienestar Social" puesto que este departamento es, en este caso, "juez y parte". En este punto, anunció que la Intersindical Valenciana ha solicitado una entrevista con el ministerio de Trabajo para "cambiar el procedimiento para la detección del acoso psicológico en el trabajo en el ámbito de la función pública" y pedirá que se modifique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puesto que el acoso laboral es una "infracción específica".

También indicó que recogerá la opinión y el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Laboral de Valencia y planteará estas modificaciones al conjunto de las organizaciones sindicales y de la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de la Administración Pública. Con ello, agregó, se pretende "denunciar la gravedad de esta violencia organizacional" ya que la institución que "debe velar por los derechos de los funcionarios y garantizar un funcionamiento organizativo limpio es quien lo incumple", concluyó.