Los psicólogos de los juzgados de Familia se encargan de elaborar los que dictámenes que los jueces solicitan, sobre todo, en lo que se refiere a custodias por lo que su labor no queda exenta de la polémica, máxime cuando según Bronchal realizan su trabajo sin aportar una metodología concreta o sin darle las garantías debidas a los uuarios.

Julio Bronchal asegura que desde los gabinetes psicosociales "la inmensa mayoría de estos informes periciales de los juzgados cumplen un papel de justificación acientífica: mantener a cualquier precio las nercias que se vienen practicando, que no son otras que proponer o mantener la custodia materna contra cualquier evidencia, marginando al otro progenitor de la vida y educación de sus hijos. La impresión es que los informes se elaboran al revés: las conclusiones ya están establecidas desde el principio".

En el reportaje entrevista que publicó Panorama- actual, Bronchal seńala que dentro de los gabinetes psicosociales “en realidad, se está haciendo un juicio paralelo y determinante sin las consiguientes garantías procesales. El sujeto evaluado no tiene forma de acreditar sus declaraciones. Tampoco se le entregan copia de los tests cumplimentados; tercero, no hay forma de protegerse frente al error o cualquier forma de sesgo que pudiera estar presente en el proceso evaluativo al que ha sido sometido. Además, no está articulado ningún procedimiento para que el usuario pueda reclamar una restitución de estos derechos vulnerados, apelar o conseguir una rectificación”.

Ańade que los informes deberían expresar una “propuesta relacional provisional y ajustada exclusivamente al momento evolutivo del menor y sugerirse un calendario de revisión en función de las diferentes etapas de su crecimiento. Es decir, no se puede proponer un régimen relacional para un nińo de un ańo y no aconsejar que sea modificado según el menor vaya creciendo”. A su juicio, “deberían ofrecer al usuario la posibilidad de someter a crítica profesional la calidad del informe elaborado, es decir, contar con una segunda opinión como ocurre con los diagnósticos médicos”.

Para el experto en temas de Familia y maltrato infantil, “os informes periciales pueden acabar siendo utilizados como la coartada ideológica para argumentar pseudocientíficamente la limitación de los derechos filiales y parentales y, por lo tanto, la conculcación de derechos básicos: el primero, el derecho de todo menor a contar efectivamente con ambos padres para ayudarle en su crecimiento y, segundo, el derecho de cualquier padre o madre a ejercer efectivamente, y no nominalmente, su derecho de paternidad o maternidad sobre sus hijos”.

Según él, “se produce una simbiosis perversa entre la decisión judicial y el dictamen pericial. Es un proceso de retroalimentación mútua, ajeno no sólo a los conocimientos de la psicología científica sino a la evolución de los roles sociales y parentales vigentes en la actualidad”.

Julio Bronchal afirma en la entrevista que panoramas similares llevaron en otros países –EE UU, países nórdicos, Francia...- a severas autocríticas sobre lo que se estaba haciendo con los menores cuando la pareja se rompe. “Por todo ello, es necesaria y urgente una revisión radical de todo el derecho de familia y de su praxis actual”.

El investigador dice que “deberían regir principios de transparencia, fiscalización, igualdad efectiva, garantías para el usuario y antes que nada, la asunción por parte de los profesionales implicados del principio de la mínima intervención, porque de no ser así, la actuación judicial y pericial acaba siendo un factor que agrava y complica la crisis del grupo familiar y lejos de ser una solución es un factor iatrogénico”.