En este sentido, las mismas fuentes insistieron en la "negativa evolución del sector industrial, que crece muy por debajo del resto de sectores con su reflejo en el mercado laboral. Así, la tasa de temporalidad crece de forma continua, superando la media nacional y triplicando la media europea, alcanzando la cifra del 37,2 por ciento en el primer trimestre de 2006".

Asimismo, ańadieron, "colectivos como las mujeres y los jóvenes soportan tasas de desempleo y temporalidad por encima de la media". Asimismo, insistieron, "el crecimiento del PIB está claramente desequilibrado, la demanda se apoya en el consumo, y la oferta, sobre todo, en los sectores de construcción y servicios".

El Comité aludió también a "elementos de incertidumbre como la continua subida de los tipos de interés en un contexto de endeudamiento familiar muy fuerte y de crecimiento de los precios del petróleo, que dificultan un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo", y constató "la comprometida evolución de la inflación", por lo que aseguró que "persistirá en la inclusión de cláusulas de revisión salarial en los Convenios Colectivos".

Así, valoró "los resultados del diálogo social estatal, proceso iniciado con la Declaración de julio de 2004 sobre Competitividad, Empleo Estable y Cohesión social que --a su juicio-- inauguró un nuevo modelo de diálogo social basado en el diagnóstico, programa y método compartidos entre el Gobierno Central y los agentes sociales y económicos", todo ello, desde una "indiscutible perspectiva de mayor igualdad, transparencia y calidad".

Respecto al diálogo social en la Comunitat, hablaron de "luces y sombras" y citaron entre las luces, "la puesta en marcha de compromisos importantes pactados en la revisión del PAVACE como son la Ley de creación del INVASSAT, los mimbres de la futura Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunidad Valenciana o la virtualidad de la Comisión del PAVACE para encauzar la salida para un acuerdo sobre las retribuciones de los empleados públicos en 2006 y la operatividad de una cláusula de garantía de las mismas".

"RALENTIZACIÓN DE COMPROMISOS"

En cambio, aseveraron, "las sombras provienen de la ralentización de otros compromisos como el retraso de la constitución del Observatorio de los sectores productivos o que los técnicos acordados para tareas de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo siguen sin estar contratados, aunque se prevé que su contratación esté próxima, en todo caso --apostillaron-- el Comité emplaza y urge al Consell a que cumpla con lo que está pactado y aún no ha cumplido en su totalidad".

Por otra parte, el Comité denunció la "persistencia de los altos índices de siniestralidad laboral" e insistió en el "compromiso de concienciación, prevención y también en nuestra reafirmación de la denuncia y convencimiento de la doble responsabilidad de la siniestralidad: aquellos empresarios que siguen sin cumplir la normativa y la Administración Autonómica que no vela por hacérsela cumplir, sancionando de manera ejemplarizante, si es el caso", resaltaron.

Además, consideró "muy negativa" la "progresiva degradación del Estado del Bienestar en el País Valenciano" y criticó "las políticas antisociales y privatizadoras del Consell evidenciadas, sin ningún género de dudas, con la comprobación de la realidad de nuestra sanidad, educación o servicios sociales públicos".

En cuanto a la reciente reforma del Estatuto de Autonomía, el Comité manifestó "el sabor agridulce respecto de la reforma pactada, que pese a tener importantes avances en el texto definitivo", además del "más que criticable modo de proceder del Presidente de las Cortes Valencianas", Julio de Espańa, al que acusó de "elevar consultas interesadas", quedaron "también en el tintero otras propuestas que la UGT-PV planteó en forma de carta al propio Presidente de las Cortes Valencianas como podría ser, entre otras, la más que conveniente rebaja del listón electoral".

Respecto al proceso de reestructuración de RTVE, el Comité manifestó "su voluntad de defensa del acceso universal y libre a un servicio público de comunicación social de calidad, adaptado a la etapa digital y multimedia". Para el Comité, aseveraron, "sólo el diálogo y la participación de los agentes sociales, las administraciones y las instancias parlamentarias pueden garantizar el futuro de unos medios públicos de comunicación eficientes, independientes, veraces y esenciales para el desarrollo de una sociedad democrática y participativa".

Por último al Comité Nacional instó a que, "ante el cierre previsto de emisoras del Ente, así como ante la reestructuración de nuestro Centro Regional, se busquen acuerdos en cada comunidad autónoma que establezcan un mapa único de prestación del Servicio Público de Radio y Televisión y reduzcan el impacto del Plan de Reestructuración de Empleo presentado por la SEPI", concluyeron.