Así lo indicó en un comunicado después de la decisión de la Comisión Europea de archivar las quejas contra el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó y el anuncio de la Eurocámara de que financiará con 120 millones de euros el nuevo proyecto. García-Antón afirmó que el nuevo trazado Júcar-Vianalopó "se encuentra con el mayor inconveniente para su ejecución y es la falta de usuarios para el agua procedente del trasvase".

Según sostuvo, "tal y como ha venido denunciando el Consell en los últimos meses el objetivo final del Ministerio de Medio Ambiente es hacer desaparecer totalmente esta actuación por falta de viabilidad económica".

Por contra, afirmó que desde la Generalitat "y como siempre hemos hecho, seguiremos apoyando a los usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Marina Baixa con todos los medios al alcance del Consell en materia de depuración y reutilización de aguas residuales y con las actuaciones de emergencia que estamos llevando a cabo en la zona".

Además, aseguró que desde el Consell seguirán "dando todo el apoyo jurídico y político a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó para la defensa del trasvase Júcar-Vinalopó tal y como estaba planteado y en ejecución en más del 50 por ciento de la obra".

El conseller subrayó que ahora "el mayor problema es que el agua procedente del trasvase que quiere vendernos el Gobierno de Zapatero no tiene usuarios ya que no sirve para el abastecimiento humano y los regadíos, además de no poder asumir ellos sólo el coste del agua no tiene la calidad suficiente para su posterior utilización".

Así, el conseller de Infraestructuras afirmó que "lo único que quiere el ministerio de Medio Ambiente es ganar tiempo ya que en última instancia y según los compromisos adquiridos por el propio Zapatero con ERC es al final demostrar que es un trasvase inviable y que por tanto no es necesaria su ejecución".

García Antón insisitió en que "por mucho que se empeńen en decir que hay usuarios, en estos momentos sólo tienen algunos municipios que van a utilizar el agua para baldear las calles, ya que el agua procedente del nuevo trasvase no sirve para el abastecimiento y los ayuntamientos no son titulares de regadío al que aportar ese recurso".

El conseller consideró "una irracionalidad que con los problemas de déficit hídrico que está sufriendo el campo de la provincia de Alicante, el Ministerio de Medio Ambiente lleve agua procedente de un trasvase para baldear las calles de algunos municipios a cuyos alcaldes por ser socialistas les han obligado a aceptar dicha agua".