A su parecer es "lesivo, en sentido estricto, porque el nivel de ruido que acompańa una carrera de este tipo supera con creces todas las recomendaciones de protección de la salud humana". Al respecto, agregaron que "la brutalidad de las emisiones sonoras -en una carrera real, mucho más elevadas que en las exhibiciones promocionales- es tal que su efecto no se limita al recinto, sino que se expandiría por toda la ciudad; además, un circuito urbano resulta más inseguro para pilotos y espectadores", consideraron.

Para estos grupos la iniciativa es "lesiva también en un sentido más amplio, el de la economía, puesto que son los ciudadanos quienes, mediante sus impuestos, financian las obras y otros gastos de organización". "La promesa de una repercusión indirecta de los beneficios, de una difusión social secundaria, palidece frente al evidente beneficio privado y directo de quien organiza y participa en el evento", argumentaron.

Destacaron asimismo el "peligro que comporta un acontecimiento que hace apología de la velocidad, también los riesgos de emulaciones que generará durante y fuera de la temporada, como pasa en Cheste y en otros circuitos del Estado espańol".

Además, observaron que es "inoportuno porque las necesidades reales de la mayoría de los ciudadanos no son la Fórmula 1 ni el circo que la acompańa, sino de manera muy primaria la mejora de la sanidad, de la educación, de las condiciones de vida cotidiana, es decir, la seguridad y protección frente a las agresiones, la movilidad eficaz y el disfrute de un ambiente saludable".

En su opinión, "los fondos financieros destinados a este proyecto, no están disponibles para nada más, implican, en términos económicos, un coste de oportunidad". En este sentido, estas fuentes se preguntaron si "es la Fórmula 1 la prioridad de los valencianos frente al resto de posibles usos e los recursos, unos recursos aportados por los ciudadanos y que son limitados". También cuestionaron si "resulta un derroche de recursos construir un nuevo circuito, cuando ya existe el de Cheste".

Por último, "pero no menos importante", puntualizaron, "es un proyecto retrógrado". Sobre esta cuestión, afirmaron que "cuando la comunidad científica está alertando de manera cada vez más contundente de las amenazas del cambio climático, cuando organizaciones políticas de todo cariz están proponiendo actuaciones urgentes para mitigar los efectos del cambio climático, se propone un proyecto frontalmente encontrado a las recomendaciones de estas instituciones".

Desde el punto de vista de los "impactos físicos, como el ruido, emisiones y consumo de recursos no renovables, pero, sobre todo, desde el punto de vista simbólico y pedagógico, cómo se puede compatibilizar este elogio de la velocidad, esta ostentación de poder y desprecio por los conciudadanos con una educación para la democracia y el respeto a los otros, por los valores de justicia intra e intergeneracional que significa la protección del medio ambiente y la promoción de la sostenibilidad", interrogaron.

Finalmente, recalcaron que esta postura no quiere ser una "oposición política a un determinado partido", ya que "ante un proyecte de esta clase nos encontraría en frente cualquier gobierno autonómico o municipal de cualquier color", subrayaron.