La Comisión Europea denunció este jueves a Espańa ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por no haber recuperado una ayuda pública de 550.000 euros a la empresa valenciana de productos cerámicos Refractarios Especiales SA.

El Ejecutivo comunitario dictaminó en 2002 que esta subvención era ilegal y exigió a las autoridades espańolas que la recuperaran del beneficiario, pero cinco ańos después sólo se ha devuelto una parte de la ayuda.

"Lamento sinceramente que Espańa no haya podido recuperar la ayuda incompatible concedida a Refractarios Especiales, pero la Comisión no tiene ya otra opción que llevar a Espańa ante el Tribunal. Voy a seguir siendo muy estricta con los Estados miembros que incumplan las decisiones de la comisión sobre ayudas estatales y, en particular, por lo que se refiere a las decisiones de recuperación", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, a través de un comunicado.

El 27 de noviembre de 2002, el Ejecutivo comunitario adoptó una decisión en la que se declaraba que la ayuda concedida por Espańa a Refractarios Especiales SA "constituía una subvención estatal ilegal e incompatible y tenía que ser recuperada del beneficiario". La ayuda adoptó la forma de una condonación de la deuda de 550.000 euros que Refractarios tenía pendiente con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) desde junio de 1995.

Bruselas destacó que, según las normas comunitarias sobre ayudas estatales, Espańa "debería haber tomado inmediatamente todas las medidas necesarias previstas en el marco del derecho nacional con el fin de aplicar la decisión".

Sin embargo, casi cinco ańos después, la Comisión constata que "solamente se ha recuperado una parte de la ayuda incompatible" y que "las autoridades espańolas todavía no han tomado todas las medidas previstas en el marco del derecho nacional para recuperar la ayuda del beneficiario". Bruselas concluye, por tanto, que Espańa no ha aplicado la decisión de 2002.

La iniciativa de llevar a Espańa ante el TUE coincide con el plan de acción sobre ayudas estatales de la Comisión, en el que se aboga por una supervisión "más estricta" de la aplicación por los Estados miembros de las decisiones sobre subvenciones públicas de Bruselas.