Así lo aseguró el director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia en las jornadas ´Menores y situaciones de riesgo, desamparo, violencia y adicciones´ que se celebran desde hasta mańana, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia, donde también intervinieron la fiscal de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Teresa Gisbert, y el catedrático de la Universitat de Valčncia (UV) Vicente Garrido.

Sanmartín seńaló que, en general, la violencia cometida por menores en los últimos diez ańos ha descendido un cinco por ciento de media aunque "ha crecido en edades cercanas a los 18 ańos y ha bajado en los menores de 14 ańos" y "aumentan las conductas impropias de hijos hacia padres".

En su opinión, "detrás de un acosador escolar hay unos padres que no han sabido educar" y que, por "negligencia o permisividad acaban por malcriar a un egocéntrico y egoísta que no respeta a nadie porque los ve como instrumentos a su servicio". Para Sanmartín, "educar es cosa de todos" y "la escuela también juega un papel muy importante".

Por su parte, la Teresa Gisbert incidió en la "necesidad de medidas de prevención para eliminar los factores de riesgo que llevan a la violencia" y, para ello, reclamó inversión para "evitar el fracaso y/o abandono escolar, el consumo de drogas y en prevenir los trastornos disociales, de la personalidad y mentales de los menores".

Solicitó "aulas especiales con profesores de apoyo" que, según dijo, "podrían detectar antes los trastornos disociales que comienzan muchas veces a los 4 ó 5 ańos y que si se trabajan desde entonces, se evitarían actos violentos más adelante". Además, apuntó que "hay menores con trastornos mentales que no han cometido ningún delito y que no requieren ingreso hospitalario pero necesitan centros de día específicos", que "no existen".

Por otra parte, reclamó "como mínimo un centro de menores por provincia, de modo que el agresor pueda estar cerca de su familia. En este sentido, precisó que "hacen falta centros distintos: medio abiertos, medio cerrados y semiabiertos" para menores de entre 14 y 16 ańos y para adolescentes de 16 a 18 ańos, así como "más plazas en centros terapéuticos para menores que consumen drogas y una ampliación de educadores.

Para Gisbert, la Ley del Menor de 2000 "funciona mucho mejor de los que la gente se cree" aunque "podría funcionar mejor si se tuvieran más medios". También "se perdió una oportunidad muy buena" en la reforma del ańo 2006, en la se hubiera podido bajar la aplicación de la Ley a los 12 ańos.

No obstante, valoró que "se va a hacer un esfuerzo importante en mediación", una de las medidas "más bonitas" que salió reforzada en la reforma de 2006 y que "ayuda a que el menor reconozca dónde actuó mal y se muestre dispuesto a actuar de manera positiva". Además, la víctima puede obtener "una satisfacción psicológica, afectiva e incluso económica", apostilló.

Gisbert abogó por rebajar la edad que permite aplicar la Ley del Menor, ya que, a su juicio, la "oportunidad de mínima intervención" que la norma ofrece al fiscal, podría evitar casos de violencia posteriores más graves, de modo que supondría que "el 80 por ciento de los hechos cometidos por nińos de 12 y 13 ańos se archivarían de plano porque podría haber una adecuada intervención familiar o educativa". En su opinión, una agresión sexual cometida por un nińo de 13 ańos "requiere una intervención inmediata y cuanto antes" para evitar que ese menor vuelva delinquir y reciba atención psicológica y educativa.

Asimismo, seńaló que, en la actualidad, a los menores de 14 ańos sólo se les pueden aplicar, y de forma voluntaria, medidas de protección "en razón de su situación familiar de riesgo", pero "no por un hecho delictivo", ya que éste no puede ser acreditado porque la Ley "impide que este menor sea perseguido o investigado por un delito si no ha cumplido 14 ańos, de modo que "si es denunciado, se archiva por obligación legal el expediente y se solicita a los servicios sociales que adopten las medidas de protección que debieran haber adoptado meses o ańos antes y que son voluntarias".

Por su parte, el catedrático de la UV Vicente Garrido recordó que desde el ańo 2000, "los casos de violencia de menores hacia sus padre se ha multiplicado por más de diez", por lo que recomendó que, entre los 7 y los 9 ańos, "se desarrolle el sentimiento de culpa y el autocontrol de la violencia".

No obstante, apuntó que cuando el adolescente ya es violento, hay que "minimizar el dańo hacia otros miembros de la familia, como los hermanos" y para ello se busca "desarrollar la autonomía" de estos menores para "que no dependan de exprimir a los padres".

En cuanto a las denuncias relacionadas con violencia cometida por menores, Teresa Gisbert precisó que las agresiones a madres, novias o compańeras sentimentales, crecieron de 37 en el ańo 2005 a 54 en 2006 las que implicaban a menores de 14 ańos, mientras que las que cometieron nińos de 14 y 15 ańos subieron de 145 a 168 y las que llevaron a cabo adolescentes de 16 y 17 ańos pasaron de 125 en 2005 a 170 el ańo pasado.

Del mismo modo, las diligencias preliminares por maltrato familiar de hijos a padres archivadas por ser cometidas por menores de 14 ańos fueron seis en 2001, 10 en 2002, se mantuvo en 22 en 2003 y 2004, 37 en 2005 y ascendió a 54 en 2006. Sin embargo, consideró que estas cifras "no responden a un aumento de agresiones sino a que los padres antes lo sufrían más en silencio y ahora buscan más ayuda".