El Ministerio considera que la norma "incumple la Ley Orgánica de Educación (LOE), asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa" y entiende que ha de suspenderse ya porque su aplicación "perjudicaría los alumnos".

La norma valenciana establece dos opciones para cursar EpC, la propuesta ´A´, a través del desarrollo del currículo de la materia en inglés por parte del profesor, o a través de la opción ´B´, con realización de un trabajo individual con un enfoque transversal de los contenidos de la materia de, al menos, una periodicidad trimestral.

Es este punto el que genera la disputa entre Gobierno y Consell. El Ejecutivo considera que la opción B -mediante trabajos- crea "incertidumbre" y apuntó que esta norma "entorpece que los alumnos cumplan los objetivos que la ley marca para esta etapa educativa", por lo que "además de incumplir la ley, está perjudicando a los alumnos".

El Ministerio también acusa al Consell de regular medidas relacionadas con la objeción de conciencia a la asignatura, "en contra una vez más de la LOE, pero también de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que en ningún caso autoriza esta posibilidad".

Dos opciones

Respecto a las dos opciones, consideran que la Conselleria de Educación asume competencias que corresponden "de manera exclusiva" a los centros educativos, como son la organización y el proyecto educativo propio.

Asimismo, para Educación, la normativa "impide" que los alumnos que cursaran la opción B alcancen los objetivos de la asignatura. "Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica y no pueden alterarse", argumenta.

Para Almunia, "la primera condición" que establece el Ministerio para poder llegar a un acuerdo con la Generalitat Valenciana, sería que el Gobierno valenciano "anunciase que retira la orden", y que así los centros educativos de la Comunitat puedan "poner en marcha" la asignatura, como lo han hecho "siete comunidades autónomas", el pasado curso.

Comunidad educativa

Por todo ello, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, solicita al conseller de Educación de la Generalitat, Alejandro Font de Mora, "respeto a la Ley y a la comunidad educativa" y recuerda que más de 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas han cursado ya la asignatura Educación para la Ciudadanía "con normalidad". "Las familias, los centros educativos y los alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece", subraya.

Almunia seńala igualmente que "es la misma responsabilidad demostrada por los valencianos, que han sido los primeros en oponerse a una ocurrencia del conseller que parece no tener fin". "Comenzó anunciando que la asignatura se daría en inglés, continuó planteando dos opciones que perjudican a los alumnos y ha terminado provocando el enfrentamiento de toda la comunidad educativa", concluye.