Castellano -que realizó estas declaraciones antes de la reunión del Observatorio Civil Valenciano y la Comisión de Codificación Civil Valenciana para coordinar con los Colegios Profesionales la entrada en vigor de la Ley de Régimen Económico Matrimonial (LREM)- seńaló que la custodia compartida es un "tema complejo que precisa de debate".

"Intentaremos que sea lo más participativo, dialogante y consensuado posible ya que el derecho civil afecta al modus vivendi de todo el mundo", agregó el titular de Gobernación, que comentó que "el tiempo que lleven estas cuestiones lo marcará la comisión".

Asimismo, adelantó que está trabajando en las leyes de Sucesiones y de Derechos Reales y Contratos y que la comisión tiene preparadas unas jornadas sobre derecho civil en noviembre y un congreso internacional sobre derecho foral que se celebrará en la primavera del ańo que viene.

El conseller anunció igualmente que la comisión está preparando para 2009 una exposición donde, "por primera vez en la historia, se mostrarán todos los documentos que contienen actualmente los fueros de la Comunitat".

El conseller agregó que la reunión de este viernes pretende además establecer "el plan de trabajo para el desarrollo del derecho foral valenciano" y analizar "cómo han sido los inicios de la entrada en vigor de la LREM".

En este punto y preguntado sobre la reunión que mantendrá en los próximos días con la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, por el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo central contra la LREM, Castellano declaró que "tenemos pendiente esta conversación para llegar a un acuerdo político".

"ACUERDO POLÍTICO"

El conseller recordó que recientemente mantuvo una conversación con Salgado "en la que quedamos que hablaríamos esta semana pero no hemos hablado", apuntó Castellano, que ańadió que "queda pendiente para tratar de llegar a un acuerdo político" y que se encuentra "a la espera" de la "contestación" de la ministra.

El representante de la Generalitat recalcó que "nuestra intención es que, lógicamente, por una cuestión de justicia y de no incurrir en otro agravio comparativo contra la Comunitat Valenciana, el Gobierno socialista retire el recurso".