En este sentido, indicaron que la imposición y la implantación, "tarde y mal", del nuevo programa "plurilingüe sólo en inglés" en el CP Sanchis Yago de Castelló, CP Costa Blanca de Alicante y CEIP Número 9 de Alzira, ha llevado a la Conselleria a actuar de manera "negligente y apresurada", ya que en estos centros se adjudicarán plazas en comisión de servicio que se tendrían que haber adjudicado en el concurso de traslados, afirmaron.

Para STEPV, resulta "curioso, cuando menos, que no se haya adjudicado ninguna plaza en el concurso de traslados en estos centros, aun cuando la normativa sobre programas plurilingües es posterior a la resolución del concurso".

El sindicato manifiesta que -cuando fue conocedor de los movimientos que se estaban haciendo en este sentido, y antes de que se hiciera pública la resolución definitiva del concurso de traslados, ya advirtió a la administración que era "ilegal reservar plazas del concurso para después darlas en comisión de servicio".

"Aún así -prosiguieron-, la Dirección general de Personal ha insistido en no respetar la normativa vigente, lo que obliga al sindicato a presentar recurso para garantizar la pulcritud del procedimiento y los derechos del profesorado".

La entidad se pregunta si con hechos como este, y ante la nueva "imposición" de las adjudicaciones telemáticas, la Dirección general de Personal "qué puede llegar a pasar con un nuevo sistema de adjudicaciones de profesorado interino y provisional que a estas alturas nadie sabe cómo funciona y que no hará públicas las vacantes hasta el mismo momento de la adjudicación".

A su parecer, "los actuales gestores educativos están tensando la cuerda del sistema educativo público hasta límites no permitidos en sociedades democráticas con actuaciones como esta, que se suman a las amenazas al profesorado y a la apertura de expedientes a directores de prestigio reconocido, a la alteración de la organización y autonomía de centros con la implantación de Educación para la Ciudadanía en inglés, a la no autorización de líneas en valenciano y de bachilleratos científico-tecnológicos que están amparados por la LOE, a la imposición del calendario escolar y la no negociación de la jornada continuada".

Una vez más, lamentaron, el sindicato "debe recurrir a la justicia para frenar las imposiciones de la administración por la falta de voluntad negociadora". "Muchas de las cuestiones que han acabado en recursos y en los tribunales en los últimos tiempos se hubieran podido solucionar fácilmente en las mesas de negociación", sentenciaron.