El ex interventor José Manuel Espinosa señaló en una reunión que mantuvo con portavoces de la oposición que Galiano, actualmente personal de confianza en el Consistorio oriolano y concejal del PP entre 1995 y 2003, dejó el cargo sin haber justificado supuestamente mandamientos de gastos por importe de unos 22.000 euros.
Espinosa fue destituido después de que el pasado mes de febrero confesara haber defraudado al Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, unos 60.000 euros.
Por su parte, Galiano presentó la semana pasada una denuncia contra el ex interventor por esas declaraciones al considerar que se trata de "graves y falsas imputaciones" contra ella, que "afectan no sólo" a su honor y dignidad, sino también a su labor como miembro del equipo de gobierno.
La ex edil adjuntó a su denuncia un informe, elaborado por los servicios del Area de Economía del Ayuntamiento, en el que se acredita que en el ejercicio 2001 aparecen plenamente justificados todos los gastos de la Concejalía que ella ostentaba y en el que se incorporan también los pagos efectuados y la relación de facturas.
A pesar de ello, los portavoces municipales del PSPV-PSOE, Francisco García Ortuño, del Centro Liberal (CL), Jesús Ferrández, y de Esquerra Verda (EV), Monserrate Guillén, presentaron un escrito en el registro del Ayuntamiento en el que piden al alcalde que les aporte toda la documentación relativa a esta cuestión. En su solicitud, la oposición expone que "se ha producido una acusación que, de ser cierta", podría implicar la apropiación indebida "de fondos públicos en metálico".
De confirmarse la veracidad de esa acusación, "nos encontraríamos ante actuaciones irregulares muy graves" desde el punto de vista administrativo y penal, de las que "podrían resultar responsables" la ex concejal y también la Alcaldía "si hubiera participado o tolerado" esas presuntas anomalías, según García Ortuño.
El portavoz socialista recordó que la legislación vigente obliga a intervenir y formular la denuncia de este tipo de hechos ante los órganos administrativos y judiciales competentes.
Por ello, la oposición exige que el regidor le entregue de forma "urgente e inmediata" la documentación que acredite, entre otros datos, el acuerdo de la Junta de Gobierno que autorizaba "los mandamientos de pago a justificar de los últimos años a Galiano y sus cuantías". Pide también acceder a los documentos en los que figuren la rendición de cuentas, su intervención en tiempo y forma, el órgano que autorizó esos pagos y el destino efectivo de los mismos.
Además, la oposición demanda que la documentación solicitada sea trasladada de "inmediato" al Tribunal de Cuentas para que "actúe según proceda en derecho" y al Fiscal Anticorrupción de Alicante para que "se una" a la denuncia presentada recientemente por diez vecinos ante las supuestas irregularidades financieras detectadas en el Ayuntamiento.