De hecho, el propio Real participó como ponente en la última reunión general de la FBE, en la que centró su discurso en la "necesidad" de que los letrados "gocen de independencia en su labor para garantizar el Estado de Derecho, tanta como imparcialidad deben de gozar los jueces para el buen funcionamiento de la democracia", indicaron.

La máxima autoridad de la abogacía valenciana explicó que el letrado informa a su cliente de su posición jurídica, de los distintos valores que se ponen en juego en cualquiera de sus acciones u omisiones, proveyéndole de la defensa técnica de sus derechos y libertades frente a otros agentes sociales, cuyos derechos y dignidad personal han de ser también tenidas en cuenta, recalcó.

Para Real, esta actuación del abogado sólo sirve al ciudadano y al propio sistema del Estado de Derecho "si está exenta de presión y si el letrado posee total libertad e independencia de conocer, formar criterio, informar y defender, sin otra servidumbre que el ideal de Justicia", aseguró.

Así, el decano de Valencia incidió en que un abogado "en ningún caso debe actuar coaccionado ni por complacencia". Y, en este sentido, recordó que el Código Deontológico de la Abogacía Espańola afirma que la independencia del letrado "es una exigencia del Estado de Derecho y del efectivo derecho de defensa de los ciudadanos, por lo que para el abogado constituye un derecho y un deber".

Francisco Real ańadió que, en virtud de estos criterios éticos, para poder asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses de sus clientes, el abogado "tiene el derecho y el deber de preservar su independencia frente a toda clase de injerencias y frente a los intereses propios o ajenos".

Expuso que, por esta razón, los letrados deberán "preservar su independencia frente a presiones, exigencias o complacencias que la limiten, sea respecto de los poderes públicos, económicos o fácticos, los tribunales, su cliente mismo o incluso sus propios compańeros o colaboradores", según apostilló.

Así mismo, reclamó que, al igual que propusiera el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sean los gobiernos, así como los Colegios de Abogados y los Consejo Autonómicos, "los garantes del ejercicio de todas las funciones profesionales del letrado sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas", enumeró.

En este proceso, reclamó que "no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión", ańadió.

Asimismo pidió que "ningún tribunal ni organismo administrativo", ante el que se reconozca el derecho a ser asistido por un abogado, "se niegue a reconocer el derecho de un abogado a presentarse ante él en nombre de su cliente", según consideró Real.

Además, y con el objetivo de "favorecer el derecho de defensa de los ciudadanos", agregó, es "necesario que en todos los países los abogados gocen de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo", aseveró.

El cumplimiento de estas recomendaciones, junto con el reconocimiento por parte de los gobiernos de la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional; y el respeto de la libertad de expresión y asociación "son la única vía de garantizar el Estado de Derecho y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley", apostilló.