Asimismo, consideró que "no es prudente, que con la Conferencia de Presidentes estudiando posibles modificaciones en el modelo de financiación sanitaria, definir en este momento la forma de financiar servicios de referencia o usos tutelados".

En cualquier caso, la ministra, que no se negó a una eventual ampliación del fondo tras la Conferencia de Presidentes, quiso dejar claro que el fondo de cohesión "es un incentivo complementario" destinado a compensar los desplazamientos derivados de la canalización de los pacientes hacia aquellos servicios disponibles sólo en algunas comunidades. Por lo tanto, según explicó, no tiene como fin "garantizar el pago a cualquier tipo de desplazamientos de pacientes", como por ejemplo "los derivados del turismo nacional que ahora tanto se reclaman".

Asimismo, Salgado constató que las cifras de compensación por desplazados entre diferentes comunidades autónomas "se han reducido porque hay menos desplazamientos debido, precisamente, a que las comunidades van desarrollando y mejorando sus servicios y dotaciones, acercando la atención a las personas siempre que sea posible", haciendo descender "los supuestos de hecho que dan origen al mecanismo de compensación".

En este sentido, la responsable de Sanidad consideró que cuando los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular defienden que los problemas derivan de la falta de desarrollo del fondo a la vez que reclaman millones de euros por atención a desplazados, no puede sino pensarse "que se trata de un mero recurso retórico para defender lo indefensible, para no admitir que el sistema que diseńaron y está en vigor desde hace poco más de tres ańos presenta desajustes severos".

Obstruccionismo del PP

Por otro lado, la ministra, que compareció ante la Comisión de Sanidad del Congreso, se refirió al desarrollo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y anunció que el Ministerio no retirará el proyecto de real decreto que regulará esta materia, como reclaman las comunidades gobernadas por el PP, "entre otros motivos porque no estamos en la fase de tramitación del proyecto para su aprobación, sino en la de elaboración del mismo".

No obstante, se mostró dispuesta a incorporar "todas las mejoras que se estimen oportunas tras un proceso de discusión que ya ha comenzado", así como confiada en que entre todos será posible "definir la cartera de servicios de manera adecuada".

En cualquier caso, mostró su "extrańeza" por la petición de retirada del proyecto realizada por los representantes de las comunidades de Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Murcia y Castilla y León (todas gobernadas por el PP), por cuanto sus expertos han participado en los grupos de trabajo "que les ha parecido oportuno".

Por este motivo, seńaló que no le parece "justo ni admisible una descalificación técnica global como la realizada por estos consejeros", ya que en su opinión "hay que respetar el trabajo realizado por los expertos a lo largo de muchos meses y con mucho esfuerzo, expertos designados por quienes ahora critican su trabajo".

A su juicio, esta actitud de las autonomías ´populares´ "parece responder más, podría alguien decir, a esa obstinación obstruccionista que caracteriza a algunos consejeros que a la existencia de elemento material alguno que la justifique".

Por último, la ministra informó a los diputados sobre el desarrollo de la 56Ş Asamblea Mundial de la Salud, que por cierto fue presidida por la propia Salgado, hecho por el que la titular de Sanidad recibió la felicitación de todos los grupos.

Proyecto inmoral

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad, Mercedes Roldós, acusó a la ministra de "incumplir" la Ley de Cohesión y Calidad del SNS con su proyecto de decreto sobre la cartera de servicios.

En su opinión el proyecto "rompre el principio de igualdad y equidad" que debe regir el acceso de los ciudadanos a la sanidad, ya que se definen unas prestaciones básicas, pero no cómo deben ser las adicionales que cada comunidad decida poner en marcha con otros recursos.

Para la portavoz ´popular´, esta regulación es "muy grave" porque supone la "discriminación" de los ciudadanos según su comunidad de residencia y "consagra las desigualdades en la cartera de servicios en las diferentes comunidades", lo que es "inmoral" porque creará "ciudadanos de primera y de segunda".