El Tribunal Supremo (TS) mantiene la denominación de la localidad valenciana de Villanueva de Castellón al rechazar un segundo recurso del Ayuntamiento del consistorio contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que dio la razón al Col.lectiu de Veďns Pro-Referendum en el litigio planteado por el cambio de nombre del municipio al de Castelló de la Ribera.

En la sentencia, el alto tribunal acuerda que no ha lugar al recurso de casación del consistorio contra la sentencia del TSJCV de 22 de abril de 2005 y le impone las costas del proceso al considerar, entre otras razones, que no hubo indefensión formal por falta de audiencia del Ayuntamiento y que la administración municipal tampoco tiene razón al sostener que la sentencia recurrida carecía de motivación suficiente.

El colectivo de vecinos recurrió ante el TSJCV el decreto 137/1994 por el que la Generalitat aprobó el cambio de denominación del municipio de Villanueva de Castellón por el de Castelló de la Ribera. El Consell se allanó al recurso y la sala acordó estimar la petición de los vecinos, y dejó sin efecto el cambio de nombre.

El 21 de abril de 2004, el TS anuló la sentencia y ordenó devolver las actuaciones al momento anterior al fallo para que el tribunal valenciano dictara otra resolución en la que enjuiciara la cuestión "con plenitud de jurisdicción". El TSJCV dictó un ańo después un nuevo fallo en el que estimaba, al aceptar el allanamiento de la Generalitat, el recurso de los vecinos contra el cambio de nombre.

El Ayuntamiento recurrió primero de nuevo en casación, un recurso que no se tuvo por preparado, y posteriorente en queja, que sí que fue estimado, en el que alegaba que se habían producido un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio e infracción del artículo 24 de la Constitución y el 75.2 de la Ley de esta jurisdicción.

El tribunal subraya que por segunda vez vuelve el conflicto surgido en relación al cambio de nombre de la localidad de Villanueva de Castellón, cuya nueva denominación fue propuesta por la corporación en 1993 y acordada por decreto de la Generalitat en 1994. Este nuevo topónimo sustituía al aprobado por otro decreto de 20 de diciembre de 1982, que también cambió el nombre anterior del municipio para llamarlo ´Vilanova de Castelló´, y que fue anulado por sentencia del TSJCV ante la falta del previo informe de la Real Academia de Historia.

La sala explica en su resolución que la razón del fallo precedente fue el "automatismo" en la aceptación del allanamiento por parte del TSJCV por parte de la sala. Sin embargo, sostiene que en el último caso, la resolución "da una respuesta suficiente -quizá ene xceso sucinta pero bastante-" a las objeciones planteadas por el Ayuntamineto y ańade que el TSJCV respeta la obligación de razonar el por qué el allanamiento debe ser acogido a pesar de los planteamientos municipales.

En este sentido, subraya que el TSJCV sostuvo que fue un allanamiento emitido por el órgano competente, en el que se siguió el procedimiento adecuado, no se vulneraron los elementos reglados del acto y no se apreció infracción del ordenamiento jurídico. Además, el TS considera que el TSJCV no está obligado a instruir a los abogados de los codemandados sobre qué infracciones manifiestas del ordenamiento jurídico pueden alegar.