La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia que ratifica la validez de la titulación de Filologia Catalana para eximir de las pruebas de conocimiento del valenciano en las oposiciones docentes. La resolución critica además la "manifiesta temeridad" de la Conselleria de Educación al no cumplir la sentencias -alrededor de una quincena-emitidas sobre este asunto en el mismo sentido.

Así, la sala estima el recurso interpuesto por la Federació d´Ensenyament de CCOO PV (FE CCOO PV) contra las Órdenes de 24 de abril de 2007 de la Conselleria de Educación por las que convocaban oposiciones al Cuerpo de Maestros y a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas y de Música y Artes Escénicas para que se ratificara que las titulaciones de catalán deben ser tenidas en cuenta como acreditaciones que eximen del examen de valenciano eliminatorio y previo al proceso selectivo u oposiciones.

El fallo reitera los argumentos esgrimidos en sentencias anteriores, incluidas las del Tribunal Constitucional, que determinan que "debe concluirse que no existe razón jurídica alguna que permita sostener que la titulación en Filología Catalana no constituya titulación suficiente" que las de valenciano pues "avala sobradamente el conocimiento de la lengua de esta Comunidad, denominada oficialmente "valenciana" en su Estatuto de Autonomía, y en el ámbito académico "catalana".

Faltas "reiteradas"

Por ello, la sala decide imponer las costas del proceso a la Administración -una cantidad superior a los 2.000 euros, según CCOO- dada su "manifiesta temeridad al reiterar, incomprensiblemente la omisión cuestionada sin respeto a las decisiones judiciales firmes, anteriores y conocidas, y faltar reiteradamente, a su obligación de respetar y cumplir las sentencias firmes".

Por su parte, desde la FE CCOO PV consideran que esta es una acusación "muy grave" y anunciaron que van a exigir al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que impute el coste de los más de 2.000 euros de este procedimiento al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, para que haga frente al mismo con recursos propios y personales.

De igual modo, el sindicato va a interponer una querella por prevaricación contra Font de Mora a través de sus servicios jurídicos.