Ruiz, que realizó estas declaraciones en rueda de prensa, convocada junto con la portavoz del grupo Compromís en Les Corts, Mónica Oltra, explicó que el próximo miércoles están citados en una reunión con el Ministerio de Presidencia para tratar de resolver esta situación, aunque aseguró desconocer la propuesta que se les realizará desde el Gobierno.

La petición de esta asociación es la retirada de los archivos policiales de estos antecedentes y el pago de las indemnizaciones contempladas en una enmienda a los presupuestos de este ańo con una dotación de dos millones de euros. Así, solicitan que se realice un primer pago de 12.000 euros y una pensión de entre 600 y 750 euros mensuales, por lo que consideró que esta partida deberá incrementarse para satisfacer a todos los afectados, apuntó.

El responsable de la asociación de ex presos sociales aseguró que "sólo permitiremos que se indemnice a las personas represaliadas por su condición sexual" y nadie más, aseveró.

Al respecto, explicó que durante las administraciones de José María Aznar y del actual ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se les aseguró que estas fichas policiales habían pasado a los archivos históricos y que no se iban a informatizar. Sin embargo, Ruiz aportó una ficha policial consultada el pasado 20 de mayo de la Comisaría de Alicante en la que figuran los antecedentes de una persona por infracción de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en los ańos 1975 y 1973.

Antonio Ruiz consideró que esta situación se debe a una "dejadez" del Gobierno. No obstante, aseguró que se están "vulnerando" sus derechos y se preguntó al respecto si estos datos "no serán cruzados" en las investigaciones de las fuerzas de seguridad europeas "en casos contra pederastas".

Asimismo, destacó que el diputado por ER-IU-IPC-Verds Joan Herrera ha presentado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno informe de por qué no se han eliminado estos antecedentes policiales del sistema informático y qué actuaciones tiene previstas llevar a cabo la Administración para la rehabilitación moral, política y económica de los homosexuales represaliados franquistas.

Por su parte, el grupo Compromís presentará en Les Corts Valencianes una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno central a eliminar estas fichas informatizadas, que se trasladen a los archivos históricos, y que se proceda al pago de las indemnizaciones previstas en los presupuestos de 2008.

En este sentido, la síndica del grupo, Mónica Oltra, expresó su deseo de que "el franquismo se cierre en este ámbito", al tiempo que lamentó que el Gobierno no haya atendido las demandas de este colectivo.

Asimismo, resaltó que la calidad de la democracia "se mide por la atención a las minorías", por lo que "olvidarse de 4.000 personas, es olvidarse de las minorías". Oltra pidió "sensibilidad" al Gobierno central y a Les Corts para que apoye esta proposición no de ley "y cerrar así esta etapa negra" de la historia de Espańa.