Asimismo, esta plataforma, dentro de los actos de la campańa ´Eixint de la indignació, per la llibertat i la laďcitat´, han remitido otro escrito al Síndic de Greuges donde le reclaman que interceda ante los "atropellos" que, como consecuencia de todos los actos programados, aseguran que se van a producir a los vecinos de Valencia a los que se les "impide" el "normal funcionamiento" como ciudadanos. Además, consideran "inconcebible" que el dinero público se malgaste "bien de forma directa o a través de ´fundaciones´ en un acontecimiento totalmente privado y de carácter confesional" y "sin ninguna moderación".

Así, en el escrito remitido al Síndic de Comptes, los miembros de la Plataforma se muestran "profundamente preocupados" por los "gastos tan ingentes que las diferentes administraciones públicas, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat, están haciendo" con motivo del Encuentro y consideran que las respuestas de estas administraciones en relación con el dinero público que se gastará en el evento son "claramente insuficientes".

Así, seńalan que la Sindicatura de Comptes "debe velar por la transparencia en la gestión del dinero público y fiscalizar la actividad administrativa" y que, de acuerdo con el artículo 44 del estatuto, debe actuar "como órgano al que corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera" de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público valenciano.

En este sentido, mostró su temor a que el dinero público "no se esté utilizando de forma correcta" y recordó que Espańa "es un estado aconfesional donde ninguna confesión tiene carácter estatal y no es necesario malgastar el dinero del estado para las fastuosidades de la visita del Papa, que tiene carácter privado".

Al Síndic de Greuges le exponen que creen que se están "vulnerando derechos básicos y fundamentales como impedirnos el normal funcionamiento como ciudadanos dentro de nuestro ámbito natural y cotidiano de la ciudad de Valencia y principios tan fundamentales como la laicidad y aconfesionalidad de un estado y sus administraciones que se pretenden aconfesionales".

La Plataforma incidió en la "larga lista de inconvenientes, molestias y lo que resulta más grave, la supresión de derechos fundamentales" como la "supresión de juicios", la "eliminación casi en su totalidad de los transportes públicos", de exámenes en las universidades o imposibilidad de aparcamiento, entre otras. Asimismo, considera que se impedirá el normal desarrollo de la ciudad y se incrementarán, en cambio, los gastos de limpieza o restauración de mobiliario.