Concretamente, hasta esa fecha las oficinas de las comunidades autónomas recibieron unas 167.000 solicitudes desde la puesta en marcha de esta ayuda, en enero de 2008, de las que se han resuelto 105.000 y de ellas 83.000 con un resultado positivo.

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Vivienda del Senado, Corredor aprovechó para avanzar estos datos y para ´reprender´ a las comunidades autónomas, ya que, según dijo, su grado de efectividad es "manifiestamente mejorable". Así, esperó que "se pueda mejorar la resolución" de las ayudas en el futuro.

Más concretamente, aseguró que el Ministerio ha pagado el 100% de los pagos solicitados y culpó de que las ratios de cobro no sean superiores a la deficiente tramitación en algunas comunidades autónomas. Más concretamente, puso como ejemplo de mala gestión a la Comunidad de Madrid, donde dijo, el porcentaje de resoluciones es del 38 por ciento, frente a otras como Castilla-La Mancha, que alcanza un porcentaje cercano al 100 por ciento.

La ministra realizó este llamamiento un día después de que la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad una proposición no de ley de CiU transaccionada con el PSOE para que el pago de la Renta Básica de Emancipación por parte del Ministerio de Vivienda se haga antes de dos meses desde su concesión.

Según el texto, el Congreso insta al Gobierno a trabajar con las CC.AA. para agilizar los trámites administrativos necesarios que permitan conceder la ayuda en un plazo de tiempo no superior a los dos meses desde que se notifica su concesión al beneficiario.

En cualquier caso, la titular de Vivienda destacó que la Renta Básica de Emancipación "se está consolidando como un instrumento de apoyo a la emancipación cada vez más demandado por los jóvenes".

Andalucia a la cabeza

Por comunidades, los jóvenes andaluces son las más beneficiados a nivel de cobro de la renta a 31 de agosto, ya que hasta 4.270 de ellos perciben los 210 euros mensuales, seguidos de castellano-manchegos -3.941-, catalanes -3.888-, castellano-leoneses -3.793-, valencianos (3.275) y vascos (3.042).

A continuación se situaron las comunidades de Galicia (2.812 personas), Madrid (2.441), Asturias (2.188), Aragón (1.956), Navarra (1.428), Extremadura (1.137), Baleares (1.288), Canarias (1.027), Murcia (626), Cantabria (408), Melilla (133), La Rioja (84) y Ceuta (65).

En el caso de las resoluciones positivas, que próximamente deberían empezar a cobrarse, se situó a la cabeza Cataluńa (19.297), Madrid (8.720), Andalucía (8.449), Castilla y León (7.704), Castilla-La Mancha (5.990), Comunitat Valenciana (5.588) y Galicia (5.347).

Completaron la lista, País Vasco (3.819), Asturias (3.313), Aragón (3.154), Canarias (2.748), Navarra (2.617), Extremadura (2.061), Baleares (2.033), Murcia (1.261), Cantabria (694), La Rioja (591), Melilla (202) y Ceuta (110).