Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la ministra destacó la "necesidad de un presidente de la Generalitat socialista porque qué difícil es ejecutar las políticas de vivienda en esta comunidad autónoma". A su juicio, "necesitamos un presidente socialista para que en esta comunidad autónoma se haga vivienda protegida, para que lleve a cabo un modelo de ciudades sostenible, equilibrado y ordenado, un modelo de desarrollo sostenible de todo su territorio".

En este sentido, subrayó que en la Comunitat Valenciana, donde el Gobierno ha presupuestado "500 millones de euros para que casi 60.000 familias puedan acceder a vivienda", el Consell "sólo han iniciado 30 viviendas por cada 100 viviendas protegidas de nueva construcción que nosotros podíamos haber financiado", de modo que las "70 viviendas restantes se han ido a otras comunidades"

Así, la ministra sostuvo que la Comunitat Valenciana es "un ejemplo de lo que no se debe hacer en políticas de vivienda y es la que está en último lugar en ejecución de vivienda protegida". A este respecto, según ańadió, "en líneas generales sólo ha ejecutado en políticas de vivienda un 60 por ciento el pasado ańo y en lo que va de programa 2006".

De este modo, Trujillo explicó que hay "otras comunidades autónomas donde nos hemos llevado la financiación" porque el Gobierno valenciano "no ejecuta", pese al "esfuerzo" realizado en "acuerdos de rehabilitación en esta comunidad".

En concreto, según precisó, "estamos rehabilitando en nueve o diez ciudades, en centros históricos, barrios más degradados y centros urbanos, y ya son miles de viviendas las que se están rehabilitando, que se convierten en viviendas que son necesariamente de residencia permanente y habitual, es decir, que las estamos protegiendo".

También aludió a los convenios suscritos con 18 ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana, que "están beneficiando a más de un millón de personas para que puedan obtener información, para que puedan acceder a una vivienda en alquiler".

En este caso, la ministra incidió en que la "Comunitat Valenciana, junto con la de Madrid, son las registran más solicitudes por parte de los ciudadanos directamente al Gobierno central", a través de la Sociedad Pública de Alquiler, que ofrece 240 euros mensuales de ayuda al alquiler.

Sin embargo, según aseguró, esta comunidad "no ejecuta el dinero que tenemos destinado para que los ciudadanos puedan acceder a la vivienda en alquiler", ya que "la ejecución es prácticamente de un 0 por ciento, tanto a las ayudas a los propietarios como en las ayudas a los inquilinos".

En este mismo sentido, la ministra indicó que el Ejecutivo central ha destinado 400 millones de euros de inversión en los "muchísimos polígonos industriales" que tiene en marcha en una comunidad que "tendría que hacer muchísimo más esfuerzo en política industrial y no depender del Gobierno y de nuestros parques y polígonos".

Finalmente, criticó el "concepto de todo urbanizable que rige" la Comunitat Valenciana y remarcó que el urbanismo es "una función pública y no tiene que estar sometido al mercadeo de cuatro políticos, sobre todo de políticos que están pensando en sus intereses particulares y no en los intereses generales".

Por su parte, Joan Ignasi Pla recordó los "dos grandes ejes" que defendió en la moción de censura contra el presidente del Consell Francisco Camps, y que se basaban en la "regeneración democrática y transparencia para evitar las corrupciones y la duda de los ciudadanos en sus dirigentes", que hubiera permitido que "situaciones como las ocurridas en Orihuela", cuyo alcalde, José Manuel Medina, está imputado por presuntas irregularidades urbanísticas.

Para el secretario general del PSPV, la comarca alicantina de la Vega Baja "simboliza mejor que ninguna otra el urbanismo depredador, destructor del territorio que ha practicado el PP en esta comunidad y en otras partes de Espańa".

En esta línea, defendió "una apuesta seria por el urbanismo al servicio de los ciudadanos y por una política de vivienda" y se comprometió a que "una de cada dos viviendas que se produzcan en esta comunidad sea protegida".

Aquí, según dijo, "tenemos un PP muy dado al agravio, a la queja permanente frente a Madrid y al ataque a Zapatero" y en esto "han basado fundamentalmente su estrategia en los últimos tiempos". No obstante, según subrayó, "palabras como las de la ministra desmontan clarísimamente esta teoría" porque "Zapatero no gobierna mirando el color político de cada comunidad, gobierna pensando en el interés de Espańa y de sus ciudadanos".

Así mismo, Pla manifestó que "ojalá hubiera puesto fin antes al pasado, a una forma de entender la política y hubiera puesto al frente a la gente que ahora está dirigiendo esta agrupación", en referencia a la disolución del partido local, cuyos antiguos miembros recibieron a la ministra y al líder del PSPV vestidos de monaguillos por la acusación de "pasar la bandeja".