La acusación popular indica en sus conclusiones que el expresidente de
la Diputación pudo usar el pago de hipotecas para "blanquear dinero".
El proceso de embargo de los bienes del expresidente de la Diputación de
Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, se inicia este
lunes con el fin de cubrir la fianza de 4,2 millones de euros que le ha
impuesto el juez en el auto de apertura del juicio oral por el 'caso
Naranjax', según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV).
Carlos Fabra y su exmujer, María de los Desamparados Fernández,
presentaron una relación de inmuebles, tal y como solicitó el juez de
primera instancia e instrucción número 1 de Nules, para proceder al
embargo de sus bienes y cubrir la fianza de 4.270.859,60, en el caso del
dirigente provincial del PP, y de 1.718.192,80 en el de su exesposa.
Además, en la decisión también se incluía al exsocio de Carlos
Fabra, Vicente Vilar, y la exesposa de éste último, Montserrat Vives,
ambos imputados en la causa, a los que se pide una fianza de 800.000
euros a cada uno.
Las partes, concretamente Carlos Fabra y su exmujer, solicitaron
aclaración del auto que imponía la fianza y un mayor plazo para
responder al requerimiento, peticiones que desestimó el juez, quien les
dio tres días para informar de su relación de bienes. Esta decisión se
produjo después de que, tras finalizar el plazo, las partes no
verificasen las fianzas.
Los bienes declarados de Carlos Fabra ascendían a 3,9 millones
de euros y sus deudas a 1,7 millones, según constaba en el Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón del 22 de enero de 2011, cuando
todavía era presidente de la Diputación.
Fabra, en el apartado de bienes inmuebles según el valor
catastral y el porcentaje de titularidad, declaraba 599.623,03 euros, a
los que se sumaban 3.302.807 euros correspondientes a otros bienes. En
el pasivo aparecían créditos, préstamos y deudas por 1,715.821,94 euros.
Y, en el tercer apartado, aparecían los ingresos por actividades por
valor de 158.092,02 euros.
Por otra parte, en el escrito de conclusiones provisionales de
la acusación popular del 'caso Naranjax' --ejercida por la Unión de
Consumidores--, esta parte sostiene que Carlos Fabra pudo utilizar los
más de 30 préstamos hipotecarios que tenía --de acuerdo con los informes
periciales realizados por los inspectores de Hacienda-- para blanquear
dinero, delito del que no está acusado, ya que será juzgado por cohecho,
tráfico de influencias y fraude fiscal.
Así, la UCE sostiene que el expresidente de la Diputación pudo
realizar con dinero en metálico el pago de vencimientos en diversas
entidades bancarias "sin llamar tanto la atención", según han informado a
Europa Press fuentes conocedoras del escrito de conclusiones de la
acusación popular.
Por otra parte, según una información de la Cadena Ser, una de
las hipotecas concedidas a Carlos Fabra, suscrita con Bancaja, vencería
cuando el dirigente popular tuviese 98 años. Este préstamo corresponde a
un piso de 200 metros cuadrados que compró en la plaza de las Salesas
de Madrid en el año 2002.
Años después, de acuerdo con esta información, Fabra solicitó
una ampliación de la hipoteca original, que el banco le concedió, en
concreto, un crédito de 100.000 euros, que finalizaría en enero de 2045,
escritura firmada ante notario el 22 de diciembre de 2009. Según las
condiciones concedidas por Bancaja al presidente del PP de Castellón,
Fabra pidió el crédito a los 63 años, de manera que terminaría de pagar a
los 98.