El juez Baltasar Garzón ha mostrado este
jueves su rechazo "frontal" a la sentencia del Tribunal Supremo que le
condena a once años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo al
considerar que la misma "no se ajusta a derecho". En este sentido, ha
denunciado que el "afán de acabar" con él, con una sentencia
"predeterminada" de antemano y "aberrante", impedirá investigar la
corrupción.
"Elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus
delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye
gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la
independencia de los jueces en España", ha señalado Garzón en una nota
enviada a los medios de comunicación.
Garzón sostiene que rechaza "frontalmente" la sentencia que se la
ha sido notificada este jueves. "Lo hago por entender que no se ajusta a
derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada", añade.
"Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido
sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el
juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra
mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban",
argumenta el juez en su escrito.
Recurso
Garzón, que anuncia que acudirá a vías legales para "combatir" la
sentencia y tratar de paliar el "perjuicio irreparable" contra su
persona, insiste en que la resolución del Supremo carece de razón
jurídica.
En concreto, califica de "aberración" que los magistrados del
Supremo afirmen en su sentencia que autorizó las escuchas con
conocimiento de que violaba el derecho de defensa de los imputados.
Según él, se sostiene esto para "eliminar la base" de su absolución, a
pesar de que, añade, "no dice en ningún momento cuál es el daño
producido en el derecho a la defensa".
"Y no lo dice", continúa Garzón, "sencillamente porque no existe.
Lo inventa". El magistrado acusa al Supremo de "faltar a la verdad" y
defiende que personalmente garantizó --"y así lo avalan las pruebas
practicadas e ignoradas por el tribunal, dice-- que se salvaguardara el
derecho de los abogados cuando sus conversaciones con sus clientes
fueron grabadas.
De esta forma, Garzón insiste en que "siempre" cumplió las normas
con rigor y que "se ajustó a la ley" en la investigación del 'caso
Gürtel' a pesar de que se le "ha impedido" aportar las pruebas que
demuestran esto, "prescindiendo de la implicación y participación de los
abogados en la trama".